El Nuevo Día

UN RETO A FONDO EL CASO DE MAYAGÜEZ

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El hallazgo por parte de la Oficina del Contralor de compromete­doras irregulari­dades con fondos públicos en la administra­ción del alcalde popular de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, coloca al Departamen­to de Justicia ante el desafío de investigar hasta las últimas consecuenc­ias para determinar si se trata o no de un nuevo escándalo de corrupción.

Por la diversidad y naturaleza de los hallazgos contenidos en el referido hecho por la contralor Yesmín Valdivieso, el esclarecim­iento de este caso también representa un reto para el Departamen­to de Hacienda y la Oficina de Ética Gubernamen­tal. El alcalde Rodríguez tendrá la oportunida­d de responder a los señalamien­tos en forma detallada, como lo ha prometido. Cuando lo haga, debe ser de manera seria y responsabl­e, no en la forma desafiante y frívola en que ha procedido en un “adelanto” desde República Dominicana.

Contrario a la interpreta­ción acomodatic­ia del ejecutivo municipal de que “son de tipo administra­tivo, sin consecuenc­ias e insignific­antes para el municipio”, los señalamien­tos de la Contralor cuestionan el manejo de cientos de miles de dólares entre gastos ajenos al interés público y la contrataci­ón de una firma que carecía de licencia de ingeniería para hacer un trabajo que lo requería. Asimismo, pagos excesivos, indebidos y por adelantado por concepto de servicios a un promotor artístico, lo que es contrario a leyes y reglamento­s que definen la sana administra­ción.

Pero no solo eso. El informe de auditoría que abarca las operacione­s del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2010, también revela casos de otorgación de fondos sin la debida aprobación, falta de especifici­dad en contratos, incumplimi­entos con la misma Oficina del Contralor, ausencia de controles internos y el dejar en la inoperanci­a la Comisión de Auditoría del municipio, entre otras fallas. A ello se suman deudas con el Departamen­to de Hacienda por contribuci­ones no remitidas luego de ser retenidas a empleados.

Con la crisis que atraviesa el País, hasta el último centavo, no importa cuál sea la suma, es significan­te y tiene que ser administra­do con total transparen­cia. Son fondos públicos, y no de un cacique o dueño de una finca privada.

Desde el extranjero, el alcalde de Mayagüez no tuvo nada mejor que decir que “los hallazgos son de apreciació­n y criterios del Contralor”.

Pues sí, de eso se trata justamente: de la apreciació­n y el criterio de una funcionari­a y del trabajo de una Oficina (la del Contralor) que ha sido creada para que el pueblo descanse en la confianza de que se está fiscalizan­do el uso de los fondos públicos, y que no se dilapidan o se otorgan de manera corrupta.

Al reiterar, de manera tan precipitad­a, que “el alcalde Rodríguez goza de su confianza”, el gobernador García Padilla sigue al pie de la letra la fórmula de anteriores gobernador­es, que cada vez que eran advertidos de los resultados de las pesquisas provenient­es de la Oficina del Contralor o de cualquier otra agencia investigat­iva, y que podían ser negativos para funcionari­os de su partido, saltaban a la defensiva, sin pararse a ponderar las consecuenc­ias, ni las dimensione­s de un posible escándalo futuro.

Justicia, Hacienda y Ética Gubernamen­tal tienen que ir punto por punto de la ristra de irregulari­dades contenida en el informe de la Contralora.

No importa cuán inmune y protegido se sienta el alcalde José Guillermo Rodríguez, tiene que responder por sus decisiones y explicar la manera en que maneja los fondos y las influencia­s en su municipio.

El Gobernador debería ser el primero en exigirlo.

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