La insolvencia de Retiro
En una columna reciente de un reputado jurista se afirmaba: “Hoy el ELA debe a Retiro más de $35,000 millones. Aunque los pormenores de esas transacciones no han salido claramente al escrutinio público, y habrá que esperar a su destape en los foros judiciales, las casas acreditadoras ya clasifican ‘chatarra’ parte de esa deuda pública”.
Permítaseme aclarar ciertos conceptos. La cantidad a que hace referencia el autor del artículo se refiere a la diferencia entre las obligaciones de pago que tiene el plan y el valor presente de los recursos con que contará. Esa cantidad es denominada en inglés por el término contable “unfunded liability”.
En un plan de pensiones, los participantes, y los patronos, hacen contribuciones periódicas que nutren el fondo de donde se han de pagar pensiones y beneficios. Cuando el total de beneficios por pagar, se proyecta mayor que el valor de las aportaciones acumula- das, se dice que el fondo confronta “unfunded liabilities”. Se trata, pues, de compromisos habidos para los que no existe fuente suficiente de pago. Llegado el 2014, el fondo de retiro de los empleados del ELA no contará con fondos no comprometidos. En el 2019 habrá agotado la totalidad de su capital. En palabras sencillas, han llegado a la insolvencia.
No es correcto decir que el “unfunded liability” pueda ser clasificado como “chatarra”, ni de ninguna otra forma, ya que no se trata de un instrumento mercadeable al que se le evalúa en consideración al riesgo que implica adquirirlo.
Ahora bien, la insolvencia del plan de retiro se toma por las agencias evaluadoras de crédito como un elemento de riesgo. En ausencia de recursos en el fondo, la cantidad requerida para el pago de pensiones y beneficios es enorme. Si tal obligación recayera sobre el Estado, el Gobierno tendría que recurrir a impuestos. El IVU, por ejemplo, se tendría que elevar a entre 18 y 20 por ciento. La economía de Puerto Rico no soportaría esa carga.
El autor del artículo dice que “hoy el ELA debe a Retiro más de $35,000 millones”. Difiero. No se trata de que el ELA tenga una deuda con el sistema de retiro por $35,000 millones. Una magnitud que equivale a aproximadamente la mitad del producto nacional bruto. Lo que sucede es, precisamente, que nadie le debe al sistema de retiro tal cantidad. Las cotizaciones y aportaciones se establecieron por ley. Pero se establecieron montos que no podían jamás acumular la cantidad suficiente en los fondos.
Desde su origen, el sistema careció de viabilidad. Peor aún, la situación fue agudizándose en la medida en que el Gobierno continuó añadiendo beneficios sin ajustar las aportaciones. Me viene a la mente la parábola del milagro de los panes y los peces. Eso fue lo que se le ordenó por ley que produjera el sistema de retiro.
No era posible pagar pensiones calculadas a base del 75 por ciento del promedio de los tres sueldos más altos. A base de ese esquema, los empleados recuperan la totalidad de las aportaciones que hacen al fondo en tres años luego de la jubilación. Para complicar el cuadro, la demografía del país acabó de parar el sistema de cabeza. La expectativa de vida aumentó dramáticamente disparando el período de pago de los beneficios.
La economía del país se estancó. El Gobierno optó por mantenerla funcionando por vía de la financiación de sus déficit. No obstante, la capacidad para tomar prestado se estrelló contra el muro de la realidad.
La realidad del diseño original, la insuficiencia de las reformas puestas antes en marcha, el cambio demográfico y el estancamiento económico, son las verdaderas razones del descalabro.