Contrabando, fraude y evasión
Acusan a empresarios del aluminio
CINCO INDIVIDUOS y tres compañías fueron acusadas por un Gran Jurado por supuestamente conspirar para cometer contrabando, fraude electrónico, lavado de dinero y evasión de aranceles, lo que provocó que el gobierno federal dejara de devengar $26.7 millones.
El jefe de la División Criminal de Fiscalía Federal, José Ruiz, explicó que los acusados compraban aluminio de China, lo transportaban a Malasia, lo reempacaban para hacer creer que era de dicho país en lugar de China -lo que hubiese provocado que pagaran más dinero al entrar la mercancía al país- y entonces lo importaban a Puerto Rico. El propósito era evitar pagar los aranceles compensatorios impuestos desde noviembre de 2010 por el Departamento de Comercio Federal, que promedian entre 30 y 33% del valor del aluminio importado.
La alegación de confiscación incluye $26,758,437.86 por los aranceles dejados de devengar y $6,907,985.43 por el cargo de lavado de dinero.
Los acusados y entidades en el pliego acusatorio son: Samuel García Adarme, dueño de Sultana Screens & Aluminum Sales y vicepresidente de Aluwest Industries; Edrick García Vázquez, presidente de PRP Trading Corp.; su hermano Armando García Vázquez, vicepresidente de PRP Trading y director de finanzas de Sultana Screens & Aluminum Sales; Carlos Minguela Ortiz, contable de Sultana Screens & Aluminum Sales y PRP Trading; William Tang Piu Wong -de origen chino, pero residente de Florida-, dueño de AGI Trading Corporation, quien facilitó la importación de bienes manufacturados en China.
El director de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI-ICE), Ángel Meléndez, dijo estar "orgulloso" porque es el primer encausamiento criminal por este tipo de delito en Estados Unidos y Puerto Rico.
Los hermanos García Vázquez, García Adarme y Minguela Ortiz comparecieron la tarde del viernes a la vista inicial en su contra ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll, quien le leyó sus derechos y las acusaciones en su contra.
La magistrada destacó que la oficial probatoria emitió una recomendación de que se les dejara en libertad bajo fianza, con condiciones. A los hermanos García Vázquez y a García Adarme se les impuso una fianza no asegurada de $50,000 y a Minguela Ortiz, de $25,000. La jueza les explicó que no tienen que prestar la cantidad de dinero, pero que si incumplen con las condiciones o no comparecen a las vistas, tendrán esa deuda con el gobierno federal.
Los cuatro debieron entregar sus pasaportes antes de las 5:00 p.m. de ayer viernes. La lectura de acusación será el 26 de junio. De ser encontrados culpables, se enfrentan a un máximo de 20 años de cárcel.
Meléndez destacó que la pesquisa duró dos años y que fueron los competidores de las compañías de aluminio que dieron la voz de alerta a las autoridades.
"Otros competidores veían sus ingresos disminuir, mientras que ellos reportaban ganancias. Además de la pérdida de aproximadamente $27 millones que se dejaron de devengar a las arcas del gobierno federal, en la economía local se reportaron pérdidas de trabajo, locales cerrando. Estos acusados, por su avaricia, estaban creando un monopolio en Puerto Rico", dijo Meléndez, cuya agencia investigó el esquema junto con el Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).