Cámara se canta sin jurisdicción en caso de Charlie Hernández
No actuarán en los casos de conflicto de interés contra Charlie Hernández
LA COMISIÓN de Ética de la Cámara de Representantes determinó ayer que no tiene jurisdicción para actuar sobre las dos querellas presentadas contra el portavoz popular en ese cuerpo, Carlos “Charlie” Hernández, que le imputaban un conflicto de interés relacionado con un contrato de consultoría.
Ambas querellas contra Hernández fueron presentadas luego de que el representante suscribiera un contrato de consultoría con la Asociación de Legisladores Municipales y luego votara a favor del proyecto del presupuesto del país que incluía una partida de $156,000 para esa entidad.
“Luego de una amplia discusión de las dos querellas, la Comisión ha determinado que no tiene jurisdicción en las mismas”, indicó el presidente interino de la Comisión de Ética, el popular Nelson Torres Yordán, tras una reunión de unas tres horas en El Capitolio.
Torres Yordán explicó que la decisión se amparó en el Artículo 11, Sección 2 del Código de Ética de la Cámara de Representantes, que determina que el querellante debe tener “conocimiento propio y personal”.
“La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ha descargado su función en la evaluación de la querella en nuestra contra. Me siento reivindicado por la determinación emitida donde se desestiman las imputaciones en mi contra. Evidentemente, la Comisión supo separar la realidad jurídica de las cosas del ruido político partidista y las agendas de manipulación de opinión", sostuvo por escrito Hernández.
Hernández había contestado las dos querellas en su contra la tarde del jueves. Planteó que en este asunto, desde el principio “nunca se perfeccionó contrato alguno pues el acuerdo estaba sujeto a la emisión de una opinión de la Comisión de Ética”.
Hernández insistió en que “nunca se cobró ni facturó cantidad alguna de ingresos extra legislativos... tampoco se recomendó, ni abogó, para que se concedieran fondos públicos a ninguna entidad durante la discusión del presupuesto del país”.
“Este proceso ha sido una infamia diseñada para lesionar mi imagen y adelantar causas mezquinas. Por ello, agra- dezco la solidaridad y confianza expresada por tantos a través de todo el país que descansaron en la integridad y honestidad demostrada durante años de servicio legislativo. En especial, agradezco la tolerancia y apoyo de mis seres queridos que han entendido que en ocasiones éste es el doloroso precio que hay que pagar por servir al país en medio de la desafortunada turbulencia tribal de la política”, afirmó.
Aunque ambas querellas imputaban supuestamente los mismos actos, su contenido no fue divulgado a los periodistas bajo el alegato de que es información confidencial, y que puede ser difundido por la persona o las personas que la someten.
En la querella presentada por Rafael Moreno la votación fue unánime de 7-0 y en la sometida por Libardo Hernández la votación fue de 5-2.
Los dos votos a favor de que la Comisión de Ética tenga jurisdicción fueron de los novoprogresistas Ricardo Llerandi y Luis “Tato” León, quien sustituyó a Lourdes Ramos porque ella está de viaje en el exterior.
Los argumentos de ambas querellas eran sostenidos por artículos periodís- ticos, indicó Torres Yordán.
De hecho, los representantes por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión de Ética intentaron diferenciar las querellas. Argumentaron que en la querella presentada por Hernández contenía un artículo del periódico El Nuevo Día que cita directamente a Lilliam Maldonado, directora ejecutiva de la Asociación de Legisladores Munici- pales.
“Nosotros entendemos que el señor querellante entonces sí advino en conocimiento por esas admisiones que está haciendo una parte que es firmante en el contrato”, explicó León, luego de leer la cita publicada en el periódico en la que Maldonado detallaba las funciones de Hernández establecidas en el contrato.