Cobra impulso la pesquisa a Cataño
Forman el comité para atender denuncia de transferencia ilegal de electores
CARMEN ANA Pesante -la exjueza del Tribunal de Apelaciones que presidió el comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que investigó el escándalo primarista en Guaynabo- tendrá a su cargo la pesquisa sobre el presunto fraude electoral en Cataño.
Pesante fue nombrada por el presidente de la CEE, Héctor Conty, como presidenta del Comité de Querellas que atenderá las denuncias de que el alcalde popular de Cataño, José Rosario Meléndez, ganó la alcaldía mediante la transferencia ilegal de electores a ese municipio, supo ayer El Nuevo Día.
“Vamos a hacer la investigación y cada partido va a tener su representante. Lo primero es convocar una reunión para establecer el plan de trabajo, la delimitación de las facultades y lo que se supone que investiguemos y recomendemos”, confirmó Pesante.
El Partido Popular Democrático (PPD) nombró como su representante en el comité al licenciado Fernando Torres Ramírez; el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) al licenciado Gilberto Concepción Suárez; y el Partido Nuevo Progresista (PNP) está en el proceso de selección, supo este diario.
La CEE entró ayer en un periodo de receso y los trabajos se reanudarán el próximo 5 de julio, fecha en la que Conty ya habrá abandonado la presidencia del organismo electoral porque su renuncia es efectiva el 31 de julio. El Co- mité de Querellas tendría un término de 90 días para culminar la pesquisa luego de que se aprobara una prórroga a eso fines.
El presunto fraude en Cataño, que involucra a Rosario Meléndez y varios de sus familiares, fue denunciado formalmente en mayo pasado por funcionarios del PNP liderados por el excandidato a alcalde de ese municipio Félix “el Cano” Delgado
Delgado sometió declaraciones juradas en las que se alegaba que por lo menos 16 electores se inscribieron con direcciones falsas para votar por el PPD en Cataño, según adelantó en primicia este diario.
Ese grupo había personas muy cercanas al alcalde Rosario Meléndez, quien ganó por apenas 95 votos, según las denuncias. La lista incluía a una hermana, un hermano, y los directores municipales de Finanzas y de Manejo de Emergencias. Posteriormente, el representante novoprogresista José Enrique Meléndez hizo otras querellas sobre este mismo asunto.
VOTO DE CONFIANZA
Torres Ramírez dijo ayer que está a la espera de la designación formal como representante del PPD en el comité. “Pero independientemente de eso, mi confianza es que los procedimientos se van a atender con la misma rigurosidad que en el caso de Guaynabo, sobre todo sabiendo que la jueza Pesante estará presidiendo el comité”, expresó.
Concepción Suárez, por su parte, opi- nó que esta investigación es parecida a la que se hizo en Guaynabo. “Preliminarmente, parece indicar que se produjeron unas irregularidades. Ya el comité ad hoc de Guaynabo había investigado algunos colegios de Cataño en los que también habían ocurrido irregularidades”, recordó el pipiolo.
“Ahora el factor más importante es que en Guaynabo fue para favorecer a candidatos del PNP y ahora estamos a la inversa con relación del PPD. La jueza Carmen Ana Pesante tuvo una actuación de excelencia en el comité ad hoc de Guaynabo, de absoluta imparcialidad y de profundos conocimientos del derecho y del derecho aplicable. Confío en que eso será así nuevamente”, manifestó Concepción Suárez.
Delgado, por su parte, se mostró confiado de que la pesquisa en Cataño rendirá frutos. “Yo esperaría que tome el mismo curso que la de Guaynabo, que se investigó, se corroboró que hubo transferencias ilegales y luego se refirió a Justicia”, expresó Delgado.
De hecho, El Nuevo Día supo ayer que fiscales del Departamento de Justicia ya han citado a por lo menos siete personas con relación al presunto fraude en Cataño. Estos fiscales son los mismos que tienen a cargo la pesquisa criminal en Guaynabo que ha producido al momento 45 acusaciones por delitos relacionados a asuntos electorales.
En el caso de Guaynabo, policías municipales y empleados del alcalde Héctor O'Neill fueron acusados por hacer transferencias ilegales para votar a favor del representante Antonio “Tony” Soto en las primarias. Las acusaciones incluyen apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos y perjurio.