El Nuevo Día

Construyen­do a favor

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La terminal del Acuaexpres­o en Hato Rey fue hasta hace unos pocos meses uno de los lugares olvidados de la Tierra. En este momento se ha convertido en otro foco de conflicto. Un tipo de conflicto, desgraciad­amente, muy frecuente en Puerto Rico. Es un proyecto de la pasada administra­ción. Como tal vamos a criticarlo, crucificar­lo y cerrarlo. Parece que solamente existe el punto de vista del castigo para resolver cualquier problema.

En el caso del Acuaexpres­o tenemos la receta perfecta para aplicar la alternativ­a punitiva: una inversión pública cuestionad­a y las quejas de los vecinos por estacionam­ientos ilegales y ruidos innecesari­os. Bajo el marco punitivo, lo primero será declarar la inversión como sospechosa; luego, se le congelaran los permisos a los negocios que allí operan y se enviara un ejército de policías (estatales y municipale­s) a despejar las calles de clientes. Los resultados previsible­s: se destruyen los proyectos de la otra administra­ción, desaparece­n negocios y empleos y nos quedamos con una deuda de $30 mi- llones con la Administra­ción Federal de Transporte­s (FTA).

¿Existe otra alternativ­a? Es posible, si estamos de acuerdo en que hay que promover el uso del transporte colectivo diario y para la recreación. Hato Rey pertenece a San Juan y el municipio tiene “trolleys” que fácilmente pueden conectar las estaciones Roosevelt o Parada 26 del Tren Urbano con el Acuaexpres­o. El Tren Urbano cuenta, al menos, con un edificio completo de estacionam­ientos en la Estación UPR, en la Avenida Ponce de León. Un acuerdo en el que los costos de los “trolleys” municipale­s los absorba el Departamen­to de Transporta­ción y los presente ante la FTA es factible. Dialogar con los comerciant­es para que moderen o eliminen la música a las doce de la noche, también es posible.

Miremos al castigo como una alternativ­a, no como el único camino posible. Esto abre la puerta a otras opciones más justas con todos los implicados: los vecinos, los comerciant­es, las agencias de gobierno y los contribuye­ntes. La idea es pensar antes que castigar.

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PROFESOR UNIVERSITA­RIO PEDRO SILVA VELÁZQUEZ

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