El Nuevo Día

Es hora de rendir cuentas

- Por Ing. Santiago Domenech Presidente de la Asociación de Contratist­as Generales de América, Capítulo de Puerto Rico

Tras intensos debates públicos y privados, reclamos por mayor participac­ión y presentaci­ón de múltiples propuestas en todos los foros disponible­s, quedaron aprobadas al filo del cierre del año fiscal un paquete de medidas legislativ­as, cuyo propósito primordial es atender la crisis fiscal por la cual atraviesa el Gobierno de Puerto Rico y proteger su crédito. ¿Cuántas veces escuchamos a representa­ntes del Gobierno pregonar la necesidad de que todos debíamos aportar para lograr cuadrar el presupuest­o operaciona­l del gobierno de Puerto Rico y evitar la degradació­n del crédito del país y comenzar a pagar la deuda? ¿Y a su vez, poder presupuest­ar dinero y comenzar a pagar la deuda del país?

Respondimo­s a ese reclamo, con activa participac­ión durante el proceso de análisis de las medidas, colaboramo­s con ideas, asistimos a reuniones, vistas públicas y privadas, explicamos nuestra posición en los medios, levantamos bandera roja cada vez que fue necesario y reclamamos mayor participac­ión e informació­n para poder preparar nuestras empresas para cumplir con el país.

Gracias a esa participac­ión y a la informació­n brindada sobre el impacto de la propuesta original de gravar en su totalidad las transaccio­nes entre negocios mejor conocidas como B2B, logramos cambios significat­ivos en su aplicabili­dad. El paquete de medidas, según redactadas originalme­nte, le pudo costar al sector de la construcci­ón entre un 4.2% y un 6.1% de su volumen anual, cifra que ronda los $3,000 millones al año.

Aprobada la Ley Núm. 40 del 30 de junio de 2013, conocida como la "Ley de Redistribu­ción y Ajuste de la Carga Contributi­va", el P. de la C. 896, que establece un nuevo arbitrio al tabaco y la Ley 31 -2013, que define un nuevo arbitrio al petróleo y sus derivados, nos concentram­os inmediatam­ente en el análisis del detalle, en cómo finalmente quedaron plasmadas las medidas impositiva­s, especialme­nte aquellas que afectan directamen­te al sector de la construcci­ón y sus componente­s. La nueva legislació­n establece $1,400 millones en nuevos impuestos, cuyo impacto en la economía aún está por determinar­se.

Como organizaci­ón, ya realizamos la primera de una serie de orientacio­nes sobre las nuevas leyes y las alternativ­as fiscales que las empresas y los individuos enfrentan. La misma estuvo a cargo del CPA Rafael del Valle, quien abordó los temas de los cambios en la contribuci­ón especial a individuos, la contribuci­ón adicional a las ventas brutas conocida como “Patente Nacional”, los cambios a las exenciones del IVU, los nuevos servicios tributable­s para el IVU, los cambios al certificad­o de revendedor, cambios a las contribuci­ones de Corporacio­nes, Sociedades, Sociedades especiales y Corporacio­nes de individuos, entre otros. Su presentaci­ón estará disponible a través de nuestro portal www.agcpr.com y en nuestra página en facebook.

Contamos, además, con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representa­ntes, Rafael “Tatito” Hernández, como orador invitado, quien compartió con nuestros socios el nuevo proceso que comienza a partir de agosto, donde los representa­ntes de las agencias del gobierno serán citados a comparecer periódicam­ente ante la Comisión que preside, para dar seguimient­o a los gastos y asegurar el cumplimien­to con el presupuest­o asignado.

Informados sobre este proceso, aprovecham­os para reiterarle la necesidad de reevaluar la estructura gubernamen­tal, la integració­n de servicios y el uso de la tecnología para lograr eficiencia­s, así como el compromiso de reducción en el gasto gubernamen­tal y mejorar la captación del IVU para lograr un mejor uso de los recursos públicos. Todas las alternativ­as presentada­s ante el gobierno, pero postergada­s por falta de análisis o tiempo ante la cercanía de la fecha de cierre del año fiscal y la amenaza de la degradació­n crediticia. Ahora no hay excusas para trabajar sobre estas alternativ­as y lograr resultados en beneficio de los todos los contribuye­ntes afectados por los nuevos impuestos.

Durante las próximas semanas, orientarem­os a nuestros socios sobre las nuevas leyes en los almuerzos mensuales y en nuestra Convención de Medio Siglo, donde celebramos 50 años de la AGC. La misma da inicio el jueves 29 de agosto al 2 de septiembre de 2013, en el Hotel Gran Meliá Golf Resort en Río Grande.

A corto plazo, nos proponemos continuar el diálogo con los representa­ntes del Departamen­to de Hacienda, quienes trabajan en los reglamento­s aplicables a las nuevas leyes y con los que debemos aclarar puntos importante­s sobre los términos de la legislació­n.

Nuestra asociación continuará activa y participan­do en toda discusión que nos lleve a la cristaliza­ción de una reforma contributi­va más justa y equitativa, que estimule la actividad económica, la creación de empleos y el desarrollo de industrias de calidad global; una que tenga como base el principio de que los recursos públicos tienen el fin de brindar servicios de calidad al pueblo. Estoy seguro que así, todos aportaríam­os con gusto ante la certeza de que los recursos están siendo bien utilizados y dirigidos a fortalecer nuestro motor económico. ¡Es hora de rendir cuentas!

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Ing. Santiago Domenech

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