Una grasita para los legisladores
Oigan esto los desempleados, los subempleados, los que están en el salario mínimo, los que trabajan una semana y no saben si lo harán a la siguiente, los que no tienen plan médico, ni beneficios laborales de clase alguna, los que estudiaron una cosa y tienen que hacerse reclutar en otra y los tantos otros que pierden sueño, libras y salud por causa de la ocupación que tienen, tuvieron o añorar tener.
Los legisladores tienen empleo seguro hasta el 31 de diciembre de 2016. Si no se meten en problemas con la ley, ni hacen algo exageradamente embarazoso, no hay quien los haga despedir.
No están para nada mal pagos. El salario básico es $73,000 al año. Si se calculara a base de salario por hora, trabajando ocho horas diarias, estamos hablando de aproximadamente $38 dólares la hora, lo cual es un poco más de cinco veces el salario mínimo. Además, los $73,000 son unas cuatro veces más que los $18,000 anuales que representa el ingreso promedio familiar en Puerto Rico.
Es verdad que, al habérseles eliminado las dietas y las compensaciones por sus vehículos, dejaron de devengar unos $40,000 anuales de lo que fueron sus ganancias el cuatrienio pasado. Pero, aun así, $73,000 al año son un salario absolutamente decente y justo en el Puerto Rico de hoy. A los afortunados que tienen empleo y batallan cada quincena con dignidad con el salario que ganan, no hay que abundarles mucho en esto.
Con todo y eso, y mire cómo son las cosas, los legisladores de ambos partidos principales están tratando de instalar en la conciencia del país la noción de que ganan muy poco y que necesitan que se les autorice a ganarse una grasita por el lado. Esa autorización, de hecho, ya la tienen.
Pero, existe una justa preocupación en la gente sobre el efecto que tendrá en el trabajo legislativo esa grasita. Ya en los pasados días tuvimos la primera muestra de las delicadezas que entraña este embeleco del “legislador ciudadano” y eso de querer estar en la calle buscando empleo a costa de la confianza pública.
Se trata de Charlie Hernández, un representante popular de Mayagüez, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes y quien, hasta el estallido de esta controversia y salvo algún desliz menor, era considerado uno de los mejores legisladores de la última década: inteligente, bien preparado y recto.
Pero, Hernández también se puso a buscar la grasita por el lado, con muy poco juicio. Se agenció un contrato con la Asociación de Legisladores Municipales, una organización que, por años, ha estado recibiendo dinero de la Asamblea Legislativa. Al hacerlo, Hernández entró en un claro conflicto de intereses, pues, de haberse finiquitado el contrato, habría estado recibiendo dinero de quien, a su vez, recibe dinero del cuerpo legislativo, del cual Hernández es miembro.
La sangre no llegó al río. O, mejor dicho, el billete no llegó al bolsillo de Hernández. Antes de finiquitar el contrato, el legislador se quedó esperando una opinión de la Oficina de Ética de la Cámara. En el camino, votó a favor de la asignación de dinero público para su propio patrono. Feo, feo, feo. Demasiado feo. Tan feo que mete miedo.
Se le radicaron dos querellas por esto, pero la Comisión de Ética no las consideró porque tenía que presentarlas alguien que tuviera “propio y personal conocimiento” de los hechos. Esto es casi como decir que las querellas tenían que presentarlas o el propio Hernández o la organización que quería darle la grasita. Se comportaron, véalo, igualito que en funestas le- gislaturas del pasado.
El caso de Hernández mostró, por dentro y por fuera, las complejidades de que los legisladores, que aprueban y derogan leyes, y pueden, desde sus curules, construir o destruir verdades, estén buscándose el billete en la calle. ¿De quién más van a estar recibiendo dinero? ¿A qué otros intereses estarán respondiendo?
En la Casa de las Leyes siempre ha habido pasadizos secretos. Ahí están, entre otros, Fernando Tonos, Edison Misla Aldarondo y el niño símbolo, Jorge de Castro Font, para recordárnoslo. Antes se podía, igual que ahora, buscarse el billete por el lado, aunque con más restricciones en cuanto al horario en que se podía trabajar fuera.
Más ahora, con la reducción de salario, se nota más avidez. Hay, en ambos partidos, una voluntad oculta de derrotar el nuevo estado de las cosas y volver a las dietas, carros y demás privilegios dinamitados por el peso de la opinión pública. Eso es lo que hay detrás de eso. Vélelos y se dará cuenta. El mensaje de la opinión pública es claro: $73,000 es mucho más que razonable. Si no le es suficiente, váyase. Muchos, demasiados, serían muy felices con eso. (benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)