Vital definir los límites en acciones personales
Expertos urgen a aprobar código ético que afine la labor de los legisladores
LA ACCIÓN de la Cámara de Representantes de alargar la aprobación de un nuevo Código de Ética abre paso a que los legisladores reciban dinero de entidades cuasi públicas sin que nadie supervise esos ingresos.
Las querellas por conflicto de intereses que enfrentó el representante popular Charlie Hernández debido a un contrato de consultoría con la Asociación de Legisladores Municipales, y la decisión de la Comisión de Ética de no actuar sobre esas querellas basándose en el código actual, levantan bandera sobre ese peligroso precedente.
“Agua revuelta, ganancia de pescado- res”, dijo la ex contralora Ileana Colón Carlo. Y es que, a su juicio, en la medida que las reglas de la Legislatura no estén claras propende a que se den interpretaciones que afectan la transparencia de las gestiones de los legisladores.
Eso es muy peligroso, según el analista Néstor Duprey, porque si no se limita la acción privada del legislador habrán recurrentes conflictos de intereses. Ese conflicto se le achacó a Hernández, aunque él aseguró que ese contrato no se concretó. Como quiera, la Comisión de Ética se cantó sin jurisdicción porque el querellante no tenía propio ni personal conocimiento de los hechos.
Esta decisión del cuerpo legislativo le choca al licenciado Ernie Cabán porque evidencia que el código de ética actual y la fiscalización de los legisladores es liviana. “La apariencia que genera esa desestimación es que lo están protegiendo. Queda revestida una apariencia de conducta impropia por parte de ese cuerpo, cuya función es descubrir a los que hacen mal”, sostuvo. Esto, es producto del limbo jurídico que tiene la Legislatura por aprobar el proyecto de legislador ciudadano sin tener un código de ética más estricto, de acuerdo con Duprey. “Es como dar cheques en blanco a los legisladores para tener negocios privados sin cortapisa que proteja de conflicto de interés. La consecuencia es que podría convertir una intención loable en un daño irreparable para la Asamblea Legislativa”, indicó.