ACUERDO EN LA POLICÍA
Puerto Rico y el gobierno federal firman el miércoles un trato para reformar la fuerza
WASHINGTON – Con la presencia del secretario de Justicia federal, Eric Holder, los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos tienen previsto firmar el miércoles en San Juan el acuerdo que regulará la demanda federal que exige una extensa reforma de la Policía puertorriqueña debido a continuas violaciones de derechos civiles.
La demanda fue presentada el 21 de diciembre pasado en contra del gobierno de Luis Fortuño, pero se ha estado a la espera del fin de las negociaciones entre la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la administración de Alejandro García Padilla sobre el costo y la forma de implantar los profundos y múltiples cambios que se han identificado como necesarios en la Policía.
Con el acuerdo que se firma el miércoles, los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico acceden a dejar en pausa la demanda – aunque el tribunal federal de San Juan retiene jurisdicción -, y se acercan a nombrar un monitor, identificado como ‘asesor técnico’, que supervisará el proceso de la reforma.
El secretario de Justicia de Puerto Rico, Luis Sánchez Betances, evitó hacer comentarios sobre los alcances del acuerdo y la presencia de Holder, adelantada a El Nuevo Día por fuentes cercanas al gobierno del presidente Barack Obama que prefieren que no se les identifique.
La demanda y consecuente exigencia de reforma son el resultado de un devastador informe realizado por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y difundido en septiembre de 2011 que pintó un cuadro tétrico de las operaciones de la Policía de Puerto Rico.
El informe denunció en la Policía actos de represión en contra de estudiantes y trabajadores – sobre todo durante el gobierno de Fortuño-, abusos contra comunidades dominicanas, falta de controles y transparencia, así como una amplia cultura de corrupción institucional.
El informe de la investigación, que comenzó en junio de 2008, durante los últimos meses de la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, le imputó a la Policía uso excesivo de fuerza, atentados contra la libertad de expresión de los ciudadanos, un patrón de conducir registros e incautaciones ilegales, fallas a la hora de atender delitos sexuales y discrimen contra personas de origen dominicano.
ASOMBROSA LA CORRUPCIÓN
Además, la investigó reveló un nivel de corrupción descrito como “asombroso”, procedimientos sobre uso de fuerza obsoletos y carentes de estándares modernos, pobre adiestramiento, permisividad hacia la subcultura de violencia entre las unidades de operaciones tácticas, deficiencias en la cadena de supervisión e investigaciones administrativas demasiado lentas.
El informe reveló que entre 2005 y 2010 1,709 agentes de la Policía fueron acusados de delitos como agresiones, agresiones sexuales, robo, drogas y asesinatos.
Todos esos hallazgos fueron incorporados a la demanda que Justicia federal presentó contra la Policía de Puerto Rico en el Tribunal Federal de San Juan el 21 de diciembre de 2012, cuando ya el exgobernador Fortuño había perdido las elecciones, pero García Padilla no había asumido todavía el poder.
El acuerdo se produce en un momento profundamente delicado para el Gobierno de Puerto Rico, pues poner en marcha los cambios en la Policía requerirá una cuantiosa inversión económica al tiempo en que las autoridades puertorriqueñas batallan con una profunda insuficiencia fiscal que ha obligado a la aprobación de múltiples impuestos.
El secretario Sánchez Betances, quien ha encabezado la conversaciones a nombre del Gobernador, ha calculado en cerca de $600 millones el costo de la inversión en tecnología, equipo y entrenamiento que necesitará el departamento policial puertorriqueño durante la próxima década para lograr un vuelco en su funcionamiento.
Ni Sánchez Betances ni funcionarios de la Fortaleza o la Policía quisieron emitir ayer comentarios sobre la firma del acuerdo el miércoles.
En el pasado, el gobernador García Padilla se ha referido en términos generales a la aspiración que tiene el Gobierno de Puerto Rico con la reforma de la Policía.
“La reforma de la Policía tiene que estar dirigida a que la gente viva más segura”, dijo García Padilla a mediados de junio, después de reunirse con el secretario Holder en Washington en torno a la transacción final, y las necesidades de mejores equipos y recursos tecnológicos para la Policía de Puerto Rico.
TECNOLOGÍA INVESTIGATIVA
“Están en pañales con respecto a tec tnología investigativa. Por eso la reforma va a costar tanto dinero”, indicó anoche el director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, William Ramírez, cuya organización también demandó a la Policía en reclamo de cambios sustanciales.
Para Ramírez, la Policía tiene, entre otras cosas, que establecer un protocolo claro sobre cómo deben llevarse a cabo el seguimiento de querellas en casos de violencia de género y tener transparencia en los procesos de investigación y recopilación de información.
Los cambios, dijo, empiezan en la propia Academia de la Policía. “Tienen que mejorar los adiestramientos sobre derechos humanos”, sostuvo.
Una vez conozca el acuerdo que suspende la demanda de la División de Derechos Civiles, la ACLU decidirá qué hacer sobre su propio reclamo judicial.
Una parte de la demanda, dirigida a declarar inconstitucional la ley que impedía protestas frente a los legisladores, ya se tornó académica, pues la Legislatura la anuló.
“Cuando veamos el documento final vamos a analizarlo y decidir si nuestra demanda sigue o no”, agregó Ramírez.
¿MÁS FINANCIACIÓN FEDERAL?
El secretario Sánchez Betances ha reconocido que las negociaciones se retrasaron – estaban supuestas a culminar en abril – debido a la búsqueda de mecanismos para que el Gobierno federal aporte más al financiamiento de la reforma.