Propone un registro de corruptos convictos
La propuesta de Fas sería administrada por Departamento de Justicia
LAS ENTIDADES públicas y privadas podrían contar en el futuro con una herramienta adicional para conocer si la persona que interesan contratar posee historial delictivo por algún caso de corrupción.
Con ese objetivo en mente, el senador Antonio Fas Alzamora presentó ayer un proyecto de ley que crearía el Registro de Ofensores de Casos Corrupción, mediante el cual las agencias del gobierno, compañías privadas y organizaciones no gubernamentales podrían cotejar, previo a cualquier contratación, si la persona o entidad con la que planifican hacer negocios ha sido convicta por delitos de corrupción.
“Esto es facilitarle (el trabajo) al gobierno, a la empresa privada y a las organizaciones no gubernamentales para que estén más seguros sobre con quién contratan, y evitar que personas que han cometido actos de corrupción los cometan nuevamente”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).
MÁS ALLÁ DEL CERTIFICADO
“Existen los certificados de buena conducta, pero a las corporaciones es más difícil (identificarlas). Esto facilitaría la identificación automática”, abundó en entrevista con este medio.
Fas Alzamora señaló que, para que una persona figure en el registro, tiene que haber mediado una sentencia final y firme por corrupción.
Sin embargo, no serían incluidas en la lista aquellas personas que hayan aceptado algún tipo de responsabilidad en esos casos, y que no hayan sido procesadas tras colaborar con el Estado como testigos.
La propuesta del expresidente senatorial dispone que, cada vez que advenga una sentencia final y firme en estos casos, los tribunales certificarán la determinación al Departamento de Justicia, y esa agencia actualizará el re- gistro.
Aunque no pudo proveer estimados de los fondos públicos que requeriría su iniciativa, estimó que sería una cantidad “mínima”.
DESALIENTO A LA CORRUPCIÓN
Fas Alzamora reconoció que existe legislación que prohíbe que personas convictas de corrupción contraten con el gobierno, pero insistió en que el re- gistro que propone permitiría que los funcionarios puedan confirmar si la información sometida por los potenciales contratados es veraz.
A juicio de Fas Alzamora, el registro podría desalentar la comisión de este tipo de delitos, pues las personas no solo podrían enfrentar una convicción, sino que, además, podrían cerrárseles las puertas para cualquier transacción económica futura.