CASO QUE RECLAMA TODO EL RIGOR ÉTICO

El decepcionante espectáculo del portavoz de la mayoría popular en la Cámara de Representantes, Carlos Hernández, al firmar un contrato con una entidad que se beneficia de la asignación de fondos que él avaló con su firma, dramatiza la falta de voluntad d

Pero revela algo más: destapa la dolosa solidaridad entre legisladores de los dos partidos principales -Popular Democrático y Nuevo Progresista- cuando de defender sus muy particulares intereses personales y colectivos se trata. Esa solidaridad, que de ordinario no se observa cuando lo que está en discusión son asuntos vitales para el pueblo, llegó al extremo de que ambas delegaciones acordaran dar largas a la aprobación del Código de Ética prometido durante la campaña por la ahora mayoría legislativa.

Finalizada la primera sesión ordinaria de la actual Asamblea Legislativa -que se extendió de enero a junio de este año-, unos y otros acordaron posponer, sin fecha próxima concreta, la aprobación del Código de Ética que debe regir el comportamiento de los representantes, especialmente luego de la aguada y supuesta reforma legislativa que eliminó las dietas y los estipendios de transportación de éstos, pero dejó intacta la autorización para generar hasta un 35% de sus salarios en ingresos por trabajos fuera del Capitolio.

Antes de la aprobación de la llamada reforma legislativa, los legisladores también podían hacerse con ese dinero extra, que puede representarles hasta $25,000 adicionales a su ingreso básico de $73,775 anuales. A partir del presente cuatrienio también pueden generar tales ingresos adicionales, con una diferencia: ahora pueden gestionarlos en cualquier horario que supuestamente no interfiera con sus funciones legislativas. La razón de la posposición, adujeron, fue la necesidad de más tiempo “para estudiar bien” los alcances del código a aprobarse.

No contar con el “estricto” código de ética cameral debido a la desidia de la delegación de mayoría y el apoyo cons- pirativo de la del Partido Nuevo Progresista, ha tenido el efecto inmediato de que la Comisión de Ética se haya el viernes declarado “sin jurisdicción” bajo el alegato de que los querellantes no tenían propio y personal conocimiento de las irregularidades denunciadas, el mismo argumento levantado por las mayorías novoprogresistas del pasado cuatrienio en los casos que no querían ni siquiera investigar.

En la situación presente, tal pretexto serviría para inhibirse de pasar juicio con todo el rigor que corresponde sobre el desafuero cometido por el representante Hernández López al gestionar y obtener un contrato por “servicios profesionales” con la Asociación de Legislaturas Municipales.

Por lo demás, con su pretendido contrato, el representante Hernández López entró en una crasa violación a la Constitución de Puerto Rico que prohíbe que persona alguna pueda recibir ingresos de fondos públicos por más de un cargo o empleo en el Gobierno de Puerto Rico.

Resumiendo: es altamente cuestionable el comportamiento del representante Hernández López al aprobar el proyecto de presupuesto que asignó fondos para esa asociación y casi simultáneamente celebrar el contrato con ésta. La explicación del propio representante de que cuando votó a favor del presupuesto entendió que el contrato no sería posible porque “se levantaría” el argumento de conflicto de intereses, no hace sino confirmar que él sabía de la impropiedad e ilegalidad del tal contrato. Si tenía ese entendimiento, ¿por qué no se aprestó a rescindirlo?

Este desmoralizador espectáculo debería obligar al liderato cameral de mayoría y minoría a dar el paso urgente que el pueblo espera: aprobar cuanto antes el estricto código de ética prometido e implantarlo con absoluta rigurosidad.