: Libre presunto incestuoso
Madre de la alegada víctima teme por su seguridad y la de su prole
Berthaida Seijo Ortiz, del Tribunal de Carolina, ordenó ayer la excarcelación de Carmelo Adorno Castro, imputado de agredir sexualmente a su hija biológica, tras reiterar su determinación a favor de la solicitud de hábeas corpus que la defensa presentó.
Adorno Castro quedará bajo arresto domiciliario y la custodia de su abuelo materno, Baldomero Ocasio, residente en Trujillo Alto. Llevará un grillete electrónico que vigilará todos sus pasos.
Como parte de las restricciones, el acusado no podrá acercarse a su exesposa y sus dos hijas, incluida la alegada víctima.
Sentado esposado junto a sus abogados José Antonio Orta Cotto y Aracelia Acevedo Cruz, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Adorno Castro lloró al escuchar el fallo de la jueza.
El hombre llevaba 205 días en detención preventiva sin que haya iniciado su juicio. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que ninguna persona podrá permanecer encarcelada por más de seis meses, o 180 días, sin ser enjuiciada.
Durante la audiencia en la sala 204, la fiscal Marysela Santiago Echevarría presentó una moción de reconsideración, que la magistrada rechazó.
En su argumentación, la fiscal realizó un recuento de los incidentes procesales del caso desde el 31 de enero de 2013, cuando se celebró la primera vista ante la jueza Sylvia Calero, tras la determinación de causa para arresto. Incluyó los múltiples tropiezos para encontrarle un abogado al acusado de dos cargos de actos lascivos con agravantes, dos cargos de incesto y un cargo de maltrato a menores.
“Puede colegir del tracto que acabo de hacer que el acusado impidió que el ministerio público iniciara el proceso”, dijo Santiago Echevarría. “El acusado provocó el menoscabo de sus derechos constitucionales y con su proceder ha renunciado a este derecho”, agregó.
Acevedo Cruz rechazó esta conclusión de la fiscalía, pese a que estuvo de acuerdo con el relato de incidentes procesales del caso. “Si bien es cierto que se ha trastocado el proceso, no se le puede imputar a nuestro cliente”, insistió la
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Departamento de Justicia se compromete en velar y salvaguardar la seguridad emocional y física de los perjudicados, pero estamos ante un derecho constitucional que la juez entendió que debía conceder”, indicó a una pregunta sobre el temor de la alegada víctima” MARYSELA SANTIAGO ECHEVARRÍA
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Añadió que la detención preventiva es conocida como la fianza del pueblo porque se entiende que ese período tras las rejas sirve como una especie de fianza para las personas sin recursos económicos. “Nada se ha desestimado, ni nada se ha archivado”, dijo la jueza.
A su salida del salón de sesiones, la agente investigadora Berenice Santana se expresó indignada con la decisión de la magistrada porque desde el inicio el ministerio público ha estado listo para ver el caso, mientras que el abuelo de Adorno Castro rechazó las imputaciones en su contra.
“Se hizo una buena investigación”, indicó Santana. Señaló que la madre de la menor teme por su seguridad y la de su prole. Por este motivo, serán ubicadas abogada, quien dirige la oficina de SAL en Carolina. “Los familiares sí realizaron estas gestiones. Eso fue cierto y genuino”, añadió.
Agregó que la decisión de su cliente de no dejarse entrevistar por los abogados de oficio y su propia oficina respondía a su convencimiento genuino de que tenía representación legal privada.
Al reiterar su decisión de conceder el recurso de hábeas corpus, la jueza consignó que la dilación en el proceso no respondió a las acciones del ministerio público, ni a los abogados defensores.
“No es cuestión de culpa, ni de a quién se le debe atribuir. Es que la Constitución dice que no puede estar en detención preventiva por más de 6 meses”, expresó la magistrada. en un lugar con protección.
Ocasio, por su parte, describió a su nieto como un muchacho obediente. “No me asusta eso porque no lo creo, porque ese muchacho siempre ha sido obediente. Jamás puedo creer una cosa como esa”, expresó a la prensa antes de abandonar el lugar.
La fiscal Santiago Echevarría se expresó satisfecha con las condiciones que impuso la magistrada.
“El Departamento de Justicia se compromete en velar y salvaguardar la seguridad emocional y física de los perjudicados, pero estamos ante un derecho constitucional que la juez entendió que debía conceder”, indicó la fiscal a una pregunta sobre el temor de la alegada víctima.