CUSTODIO PARA LOS FONDOS FEDERALES
La creación de un ente gubernamental para fiscalizar y maximizar el uso de los fondos federales que recibe la Isla es una buena propuesta que debe redundar en el mejoramiento de los procesos para allegar la mayor cantidad de transferencias posibles dentro
Dada la frecuencia con que han trascendido casos de mal uso de fondos federales, ya sea con intención o por omisión, ese nuevo mecanismo interagencial haría sentido como respuesta adecuada para atender las deficiencias en el manejo de estos fondos, un asunto que consterna y al que le hemos dedicado varios editoriales este año. El problema también fue recogido en el informe de marzo de 2011 del grupo interagencial de la Casa Blanca sobre asuntos de Puerto Rico, que advirtió que las dependencias del Gobierno de la Isla y las entidades sin fines de lucro no solicitan fondos de todos los programas disponibles.
El informe destacó además que las deficiencias en los sistemas de seguimiento y tramitación, en las prácticas de contabilidad, perjudican el mejor aprovechamiento de los fondos federales que se asignan a la Isla, que este año representan cerca de $6,400 millones, casi una cuarta parte del presupuesto consolidado del Gobierno.
Así que nos parece adecuado que, como indicara recientemente el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Carlos Rivas Quiñones, uno de los funcionarios que trabajan en la propuesta, esta nueva estructura esté adscrita a esa agencia por su vinculación con el presupuesto. Como ejercicio de responsabilidad fiscal, la misma debe ser integrada por personal capacitado ya existente que sea transferido o enviado en destaque.
Porque la efectividad de este nuevo ente integrador reside en que se le asignen los recursos necesarios para cumplir su cometido. Esta nueva estructura necesita además disponer de un marco reglamentario a nivel estatal que complemente las normas federales y sirva de base para asegurar que, una vez concedidos los fondos, se cumplen con los propósitos para los cuales fueron asignados y las normas bajo las cuales son conferidos. Las herramientas de fiscalización e intervención son necesarias también para erradicar la distorsionada visión de que los fondos federales proceden de la gallina de los huevos de oro, y son presa fácil de la negligencia y la deshonestidad de funcionarios en agencias del Gobierno central, corporaciones públicas y ayuntamientos.
El caso más notorio de esta desafortunada situación es el del exsecretario de Educación, Víctor Fajardo, convicto y encarcelado por el desvió de $4.3 millones de fondos federales desde el 1995 hasta el 2001 para fines político-partidistas y lucro personal. Empero, en tiempos recientes vemos que esta indolencia es lo que mantiene a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito bajo sindicatura federal y restringida del uso de $20 millones en fondos federales destinados a servicios, a causa del mal manejo de más de $5 millones asignados durante la administración anterior para atender problemas causados por el uso de alcohol en las carreteras.
Y el mes pasado, dimos cuenta de cómo la Administración Federal de Transporte estaba considerando solicitarle al Gobierno local la devolución de más de $30 millones por cambios no autorizados en el uso de la terminal del Acuaexpreso en Hato Rey, construida con fondos federales.
Aspiramos a que casos como los mencionados sean cosa del pasado si la nueva oficina, que debe estar en pleno funcionamiento para julio de 2014, funciona con rigor en las tres tareas fundamentales que hemos mencionado: planificación y consecución de fondos, velar por el desarrollo de la capacidad de las agencias para administrarlos, y la integración y uso óptimo de los recursos.