Urgen revisar la ley de derechos del elector
Líderes demócratas abogan por medida usada para defender el voto hispano
Cuando vuelva a sesionar en septiembre, el Congreso debe darse prisa y revisar las normas que han garantizado los derechos de votación en Estados Unidos y que han quedado en el aire tras una reciente decisión del Tribunal Supremo, según líderes demócratas boricuas de Nueva York.
Junto a la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, boricuas como los congresistas José Serrano y Nydia Velázquez, así como el presidente del condado de El Bronx, Rubén Díaz, hijo, han convocado eventos para resaltar la importancia que ha tenido para la comunidad puertorriqueña e hispana la sección 4 de la ley de derechos del elector que fue invalidada en junio por el máximo foro judicial estadounidense.
Por entender que no ha sido ajustada a los nuevos tiempos, el Tribunal Supremo estadounidense recomendó al Congreso actualizar las normas que obligan a algunos estados y jurisdicciones a tener autorización del Departamento de Justicia de Estados Unidos antes de alterar requisitos de votación y asuntos como el tiempo en que deben estar abiertos los colegios electorales en comunidades en que tradicionalmente ha sido necesario defender los derechos de electores de minorías.
“El Tribunal Supremo decidió que las cosas han cambiado, respecto al momento en que se aprobó la ley de derechos del elector, pero a la misma vez en estados como Florida y Texas, han caminado hacia atrás con leyes que limitan el voto (de las minorías)”, indicó Serrano, cuyo distrito 15 del condado de El Bronx fue creado como una forma de alentar la representación de la comunidad puertorriqueña e hispana de Nueva York.
Los líderes del Congreso han reconocido que este es un asunto pendiente, pero no hay un camino trazado hacia la adopción de un nuevo estatuto.
Gillibrand encabezó el miércoles y el jueves eventos con políticos neoyorquinos, como Serrano y Velázquez, y grupos como la Asociación de Abogados Puertorriqueños y Latino Justice, para presionar a favor de que el Congreso se comprometa con adoptar una nueva sección 4 de la ley federal.
También dio a conocer una carta que enviaron a líderes del Congreso en la que se pide acción inmediata. “La decisión del Tribunal Supremo estadounidense fue un paso hacia atrás”, señaló Gillibrand.
Adoptada en 1965, la ley de derechos del elector ha permitido al Gobierno federal evitar que estados y jurisdic- ciones locales aprueben medidas que tengan el efecto de desincentivar el voto de electores pertenecientes a grupos minoritarios.
Serrano sostuvo que reducir el número de días del voto adelantado o requerir en ciertas jurisdicciones presentar una identificación con foto, la que algunas veces no tienen electores hispanos de mayor edad, es uno de los mecanismos que se han utilizado para disminuir la participación electoral en comunidades con alta población hispana o negra.
La sección 4 de la ley de derechos del elector se creó para atender la situación de discriminación en estados sureños como Alabama, Texas, Virginia, Georgia, Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur, pero ha sido utilizada con éxito para defender el voto boricua e hispano en jurisdicciones de Nueva York y Florida. En los casos de distritos legislativos federales creados para lograr representación de minorías, como fueron los de los escaños que ocupan Serrano y Velázquez, la invalidación de la sección 4 supone que autoridades locales pueden aprobar una nueva redistribución electoral sin tener que consultar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostuvo Serrano.
Para el congresista Serrano, de cara a las elecciones de noviembre en algunos estados y a las legislativas de 2014, es evidente que en Estados Unidos “no se ha llegado al punto de que esas protecciones federales no se necesiten”.