Terreno fácil para los secuestros parentales
El País carece de garras para evitar este tipo de delito
es difícil conocer la magnitud de los secuestros parentales en Puerto Rico, expertos aseguran que es bien fácil que un padre o madre secuestre a un menor y lo saque del país.
Jorge Hernández, trabajador social del Centro Judicial de Aguadilla, denunció que en el área oeste de la isla ocurren casos de secuestros parentales y que por falta de un sistema computadorizado para reportarlos “se quedan envagetados”.
“Los jueces ni los policías saben cómo manejar estos casos y sacar los menores del país es bien fácil porque no tienen identificaciones, aunque hay que llevar un certificado de nacimiento, todo queda en la información que ofrezca el adulto y se los llevan muy fácilmente”, aseguró Hernández, participante del conversatorio sobre secuestros parentales realizado por la Rama Judicial ayer en la Universidad del Turabo.
Para la doctora Eneida Alvarado, el gobierno de Puerto Rico ha sido exitoso en la búsqueda y devolución de los menores pero la política pública, según su investigación, “reflejó fragilidad y un abordaje insuficiente al problema y a las necesidades de las personas afectadas por el mismo”.
Hernández, por su parte, aseguró que casos de secuestros parentales no se trabajan por falta de organización del Estado o herramientas computadorizadas que notifiquen al personal del aeropuerto cuando un menor no debe salir del país.
“Las acciones tomadas por el gobierno para atender la desaparición y secuestro de menores establecen una política pública segmentada y residual. Se observa que la mayoría de las medidas son remediativas, tiene que ocurrir la desaparición o secuestro para que entren en función, y se centralizan en los procedimientos o acciones para la búsqueda y localización. Aparte de eso, no hay una concepción del secuestro parental de menores como tal”, concluyó la doctora.
Un secuestro parental es el acto por el cual un padre, madre u otro familiar o alguna persona que actúa en nombre del padre, madre o de un familiar sustrae, retiene u oculta un menor en prejuicio de los derechos de custodia o de visita de otra persona.
En el estudio de Alvarado se utilizó una planilla para recopilar los datos sociodemográficos de 62 casos de secuestro parental entre el 1998 al 2007.
La doctora Alvarado aseguró que muchos casos se quedan sin resolver porque los progenitores tienen que costear recursos legales en dos jurisdicciones distintas y es muy oneroso.
“Los progenitores son obligados a litigar la custodia del menor fuera de Puerto Rico y en este proceso se exponen al prejuicio, altos costos legales, inadecuada representación legal y la dificultad de prevalecer en un pleito de custodia fuera de la jurisdicción de su residencia”, expuso la doctora, quien agregó que los altos costos que conllevan estos casos afectan a las personas con menos recursos económicos. De hecho, su estudio reflejó que las madres querellantes estaban en desventaja económica, por lo que son las más afectadas. La doctora aseguró además que el sistema actúa con mayor severidad cuando el querellante es el padre.
“Se emitieron órdenes de arresto para cerca del 72% de las mujeres perpetradoras y para menos de la mitad (48%) de los hombres perpetradores”, según Alvarado.
“Al evaluar los arrestos realizados el porcentaje para los hombres se sigue reduciendo y la diferencia entre los sexos aumenta. Más de la mitad de las mujeres perpetradoras fue arrestada, en comparación con una tercera parte de los hombres perpetradores”, añadió la doctora, quien asegura que su investigación revela que el sistema es patriarcal y se penaliza más a la mujer que al hombre en los casos de secuestro parental a pesar de que se reportan casi la misma cantidad de casos.