Derechos de los estudiantes con diabetes
Muchos niños no reciben los acomodos necesarios que la escuela debe ofrecerle
Una de las situaciones que más me ha sorprendido, desde que comencé mi práctica como endocrinólogo pediátrico en Puerto Rico, es el problema que tienen los niños diabéticos con su tratamiento médico durante el periodo escolar.
Son muchas las historias que me hacen los padres respecto al poco apoyo que tienen por parte de las escuelas. De hecho, es increíble que tengan que dejar sus trabajos, sacar a los niños de las escuelas e inclusive, ni les permitan entrar para poder verificarle la glucosa o inyectarle insulina al niño.
Entiendo que todo esto es principalmente causado por desconocimiento, no solo por parte de los directores escolares, sino también por parte del Departamento de Educación.
La diabetes tipo 1 no es igual a la diabetes tipo 2. El tratamiento, el manejo y los síntomas agudos son diferentes y requieren de una mayor atención.
Permitir que un niño con diabetes tipo 1 pase prácticamente un día entero sin que le verifiquen la glucosa en sangre o sin inyectarle insulina es hacerle daño a corto y largo plazo.
Si un niño con hiperglucemia no se puede concentrar bien y se pone irritable, imagínese cómo se puede ver afectado su rendimiento académico.
Lo triste del caso es que existen leyes federales como la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Acta para Americanos con Discapacidad (ADA por sus siglas en inglés) y el Acta Educacional para Individuos con Discapacidad (IDEA por sus siglas en inglés) que protegen al niño diabético durante el periodo escolar. Pero en Puerto Rico, en términos generales, no se están cumpliendo con ellas.
De acuerdo con estas leyes, los padres de niños con diabetes tienen el derecho de pedir un Plan 504 el cual establece los acomodos que la escuela debe ofrecerle al estudiante.
Entre estos, tener personal debidamente adiestrado para examinarle los niveles de glucosa en sangre; que también pueda reconocer un episodio de hipoglucemia e hiperglucemia; sepa administrar insulina y glucagón, así como para otros fines relacionados con el manejo de la condición.
Además, se dispone que toda persona que actúe en conformidad a lo dispuesto por esta ley no incurre en responsabilidad civil en caso de que surja alguna complicación por el uso del medicamento administrado.
Una de las razones que erróneamente dan en las escuelas para no cumplir con dichas leyes es que dicen que ningún personal escolar está autorizado a administrar medicamentos.
En California, donde existe esta ley, hubo un caso de demanda en el cual se estipuló que cuan- do hay un conflicto entre leyes federales y estatales, la ley federal se impone sobre la ley estatal para así poder cumplir con las necesidades educativas y de salud de los niños con diabetes. En otras palabras, la administración de insulina y glucagón es la excepción a esa ley de no administrar medicamentos.
En Puerto Rico se han presentado en varias ocasiones proyectos en la Cámara proponiendo establecer la “Ley de Asistencia Médica Escolar para Estudiantes Diabéticos”, la cual pretendía establecer y reconocer estos mismos derechos ya contemplados en la Ley Federal.
Estas leyes aplican a escuelas que reciban fondos federales, como son todas las escuelas públicas de Puerto Rico.
El cumplir con dichos requisitos no conlleva grandes gastos, ya que hay adiestramiento que es ofrecido gratuitamente por entidades como la Fundación Pediátrica de Diabetes.
Los padres o encargados del niño son responsables de proveer la insulina, glucagón, glucómetro del paciente, por lo que la inversión de la escuela es mínima.
Además, no todas las escuelas requieren de un personal adiestrado, solamente aquellas donde haya niños con diabetes.
No perdamos de perspectiva que lo más importante de todo esto es que estamos hablando de la salud de miles de niños en Puerto Rico y no solo ellos se están viendo afectados, sino también sus familiares. Todos somos responsables: las escuelas, los padres, los médicos de estos pacientes y el gobierno. Es hora de actuar.