Se duplica la deuda pública en 10 años
La versión oficial es que el dinero no da casi para cubrir los gastos básicos del gobierno y el panorama no se ve del todo alentador, aunque algunos auguran ver algunas luces al final del túnel.
ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
En los primeros seis meses de este gobierno, el gobernador Alejandro García Padilla y su gabinete económico intentaron apagar las llamas que salían de los reportes financieros del gobierno y las advertencias de las casas acreditadoras.
La situación es de un país, con su gobierno y su sector privado, entre la espada y la pared. Para empezar, la deuda pública, que al final del día es pagada por los contribuyentes, sobrepasa los $70,000 millones. Sólo por ilustrar la magnitud de la deuda, si esta cifra se divide entre cada uno de los habitantes -incluidos los bebés-, cada ser humano tendría que hacer un pago de unos $19,088 para saldar la deuda del gobierno. Cuando se analiza la cifra entre la fuerza laboral la deuda pública sería comparable con una hipoteca de $68,667 que el gobierno hizo a nombre de cada persona.
Los cerca de $1,400 millones en recaudos nuevos en el actual presupuesto, es parte del juego defensivo para, al menos, mantener al país en la cancha. Como apenas quedaba crédito para retrasar el pago de la deuda, según el gobierno, no quedó otra opción que aumentar las contribuciones.
La otra opción era permitir una nueva degradación al crédito de Puerto Rico, llevándolo a “chatarra”. Eso hubiese acelerado la recesión económica, dejando la economía casi sin inyección de capital gubernamental. Los intereses serían demasiado altos, y limitaría toda la infraestructura empresarial que depende de los negocios que hacen con el gobierno, explicó Alameda.
NECESARIA LA EXPORTACIÓN
Por el otro lado, empresarios que no dependen tanto del gobierno tienen también sus problemas.
La migración neta (el balance entre la gente que se va y la que llega al País) en los últimos refleja un éxodo de habitantes. Menos población implica menos potenciales clientes.
“Y si no aprendemos a exportar, cada día tendremos un pedazo más pequeño del bizcocho”, expresó Waleska Ri-
Lo que queremos es que el rol del banco sea para financiar infraestructura y no para pagar la nómina del gobierno”
MELBA ACOSTA
secretaria de Hacienda El sector privado tiene que echar la economía para adelante y el gobierno tiene que hacer su rol de facilitador”
WALESKA RIVERA presidenta de la Asociación de Industriales
vera, presidenta de la Asociación de Industriales.
Las exportaciones miradas anualmente no han aumentado mucho, aunque en los últimos meses ha habido un despunte, según datos de la Administración de Comercio Internacional federal.
A esto se le suman los altísimos costos energéticos, la aumentada carga contributiva, la competencia que las cadenas de tiendas internacionales ejercen sobre el comercio local, la pérdida de valor del dólar y el envejecimiento de la población.
“No hay un área del sector privado que no se haya ido achicado. La contracción es completa”, dijo Rivera.
EL ROTO DE LA 936
“El problema es que no hay inversión privada suficiente y el gobierno está quebrado”, resumió el economista Wilfredo Ruiz Oliveras.
Tal vez sea la peor combinación cuando, en Puerto Rico, una buena parte del sector privado gira alrededor de la actividad económica del propio gobierno. Los atractivos que atraían capital del extranjero han ido desapareciendo. Todavía quedan algunos como un capital humano capacitado para asumir las tareas complicadas que exigen las industrias de alta tecnología.
Sin embargo, los beneficios contributivos atractivos desaparecieron con la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal.
“En el 2006 terminó la 936 y ese mismo año empezó la recesión económica. No fue casualidad”, dijo Alameda.
Los primeros efectos de la eliminación de la sección 936 comenzaron a sentirse durante la administración de Sila Calderón y desde entonces no han cesado. Según un informe de la Junta de Planificación, los empleos asalariados en el país bajaron de 1.05 millones en el 2004 a 936,400 en el 2012. Esto es una reducción de un 10% en ocho años.
Todos las industrias, salvo por el sector de servicios, ha tenido una baja en la cantidad de personas que emplea, según datos de la Junta de Planificación.
Para colmo, desde el 2009 la creación de empleos en fábricas nuevas en la Isla se redujó a menos de una tercera parte. Es decir, se cierran más plazas de las que se abren.
“En un momento tuvimos incentivos suficientes para que aun con los costos de producción altos, fuésemos atractivo. La 936 era un gran atractivo, pero también creo que no supimos el incentivo para crear una cadena de valor fuerte fomentando un empresarismo local”, dijo Rivera.
Tradicionalmente, la receta de los gobiernos es inyectar una enorme cantidad de fondos en la economía a través de proyectos de obra pública. Se ponen a reconstruir gran parte de la infraestructura pública y la economía gira alrededor de ese empuje.
Eso fue lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama para enfrentar la recesión estadounidense. La inyección de fondos ARRA, llamado por las siglas de la ley que autorizó el desembolso, totalizaron $831,000 millones. De estos, más de $6,000 millones llegaron hasta Puerto Rico.
“Pero aquí llegó ARRA y nadie se dio cuenta”, dijo Melba Acosta.
Cuando se examinan los presupuestos desde el año fiscal 2010 hasta el 2013, se puede apreciar un poco en qué se usaron. En esencia se cuadraron las deficiencias presupuestarias del gobierno, se pagó nómina con el dinero federal y se destinó una porción para la inyección de capital en la economía.
Por ejemplo, en los presupuestos de los años fiscales 2010 y 2011, en el Departamento de Educación se usaron más de $900 millones en los programas de Escuelas de la Comunidad, comedores escolares y asistencia a estudiantes con impedimentos. Mientras, se recortaron las asignaciones del fondo general que usualmente cubren estos gastos que en su mayoría no fueron en infraestructrua.
Por otro lado, en el presupuesto del año fiscal 2011, la Policía pagó con los fondos ARRA gran parte de las operaciones ordinarias de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción y de las unidades de investigación criminal y vigilancia policiaca. Usualmente, estas operaciones son pagadas por el fondo general las que fueron diezmadas en ese presupuesto.
En síntesis, fue un “jump start” fallido, opinó Alameda. Y lo peor es que no queda carga en la batería de apoyo para intentar volver a encender el carro.
“No se logró arrancar la economía”, dijo Alameda.
CAPITALIZACIÓN DEL BGF
Ante esta situación, la apuesta del gobierno ha sido capitalizar nuevamente el Banco Gubernamental de Fomento. Es decir, pagar la tarjeta de crédito para así tener algo de crédito para darle un nuevo empujón a la economía.
Se trata de una tarea difícil si se tiene en cuenta que por más de dos décadas el BGF usó gran parte de su capital para pagar las deficiencias presupuestarias del gobierno, en especial, las de las corporaciones públicas.
El BGF es de suma importancia para el gobierno porque, aunque limitado, es el “jump start” que le queda para reactivar la economía, explicó Melba Acosta, secretaria de Hacienda y principal oficial financiera del gobierno.
Acosta precisó que la mayor inversión programada para este cuatrienio saldrá de las corporaciones públicas e inició con la emisión de $673.1 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Junto a esto se ha prometido una reforma fiscal que simplifique el sistema contributivo.
AMENAZA Y OPORTUNIDAD
A la par con la reforma local, el parlamento estadounidense esta intensificando su debate en torno a una reforma del Código de Rentas Internas federal. Entre los cambios, se propone establecer un sistema regional de tributación a cambio de uno mundial, como el que existe ahora.
Esto alteraría el sistema tributario que le permite a las empresas que operan en la Isla deducir lo que pagan en contribuciones en Puerto Rico. El impuesto a las empresas foráneas que en el 2012 generó $1,880 millones al estado está cimentado en esta deducción. Los recaudos que genera representan el 22% de los ingresos del fondo general en el año fiscal 2012, según datos del Departamento de Hacienda.
El debate en el congreso estadounidense también contempla la imposición de una tasa de alrededor de 15% para la repatriación de capital.
Esto último, si se aprueba, pondría a Puerto Rico en una desventaja competitiva a otras jurisdicciones del mundo, según Acosta.
Cualquier compañía que opere en Puerto Rico tendría que tributar por enviar su dinero a sus matrices en EE.UU. como si se tratara de una operación en una jurisdicción extranjera. No obstante, tendría que cumplir con las mismas regulaciones federales que regulan el salario mínimo, las condiciones de trabajo y los estándares de calidad en la producción, que suelen encarecer la producción industrial.
“No habría razón de venir a hacer negocios aquí máxime cuando aquí la electricidad cuesta el doble de lo que pagan en otros lugares del mundo”, dijo Acosta.
El gobierno busca “un trato especial” en la legislación federal. Y es que a la misma vez que hay una amenaza, también hay un potencial de beneficio para Puerto Rico.
Ejemplo de esto podría ser que las empresas en Puerto Rico tengan una oportunidad de repatriar su capital a unas tasas más bajas que el resto del mundo, lo que ampliaría los márgenes de ganancias de las empresas y crearía un atractivo similar a la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal.
“Es algo que estamos trabajando con mucho cuidado y que no queremos que esto se politice. Lo que queremos es que Puerto Rico tenga un trato justo en cualquier reforma de contribuciones foráneas. No importa el partido, todos sabemos que necesitamos empleos”, dijo la secretaria de Hacienda.