UN GRAN TRIUNFO DEL G-8 Y LA RAZÓN

La devolución por ley al Fideicomiso de la Tierra de las 200 cuerdas de terreno que les fueron incautadas a las comunidades aledañas al Caño Martín Peña, en Santurce, es un triunfo para miles de familias que habitan el lugar, y un ejemplo de tenacidad par

Se ha impuesto, sin lugar a dudas, la razón. Luego de algunos años de esfuerzo por implantar un modelo de desarrollo que incluso había sido galardonado internacionalmente, en 2009 se gestó una maniobra que buscaba revertir la transferencia de terrenos municipales y estatales hecha en 2004 al Fideicomiso. Esa maniobra originó una absurda Ley que firmó el exgobernador Luis Fortuño, con el impulso, aval y entusiasmo del entonces alcalde Jorge Santini.

El despojo había sido urdido de espaldas a la comunidad y se contradecía con la plataforma del entonces partido de gobierno, que se había comprometido con las comunidades agrupadas bajo la organización G-8, a respetar los acuerdos ya esbozados para rehabilitar el Caño y proteger la titularidad de los terrenos.

En otras palabras, no bien habían pasado unos meses desde el triunfo del exgobernador Fortuño, cuando desde la Cámara de Representantes se empezó a gestar el atropello que concluiría con la firma de la Ley 32 del 23 de junio de 2009, que arrebataba las tierras de las comunidades del Caño a sus residentes y amenazaba con el desplazamiento de miles de familias.

Con esa Ley -que ahora ha quedado anulada- cayeron en un limbo los grandes planes para las comunidades del G-8: a saber, Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Península de Cantera, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey.

Era obvio, además, que la Ley 32, a base de la cual el exalcalde Santini se puso a ofrecer títulos de propiedad individual, era tildada de inconstitucional, puesto que no se podía legislar de forma retroactiva para arrebatarle tierras al Fideicomiso.

Ahora, las aguas parecen volver a su cauce. Con la titularidad colectiva de nuevo en el Fideicomiso, los residentes retienen la propiedad individual y gozan de derechos similares a los que tienen los residentes de los condominios. La diferencia es que los terrenos son de todos a través del Fideicomiso, pero nadie puede venderlos a terceros, gente ajena al lugar.

Esto se hace con el propósito de que los grandes planes de rehabilitación e infraestructura no sean torpedeados por intereses contrarios a la comunidad, que a lo mejor tienen la capacidad económica de adquirir extensiones de terrenos, pero no el interés de preservar y sacar adelante un proyecto de tan amplias expectativas sociales y educativas, que dignifica y enorgullece a la Capital.

En febrero pasado, mediante un proceso en el que participaron miembros de todas las comunidades aledañas al Caño, se elaboró el proyecto de Ley para restituir las tierras al Fideicomiso y acabar con la pesadilla -y tal vez la avariciaque ha estado asediando al futuro del Caño. La acción demagógica y engañosa de 2009 se repara con la nueva medida.

Una vez más, es hora de impulsar los proyectos que estaban en espera, sobre todo el dragado pendiente, y sacar adelante, con más ánimo que nunca, ese pedacito valiente de País, cuyo ejemplo merece tener un efecto viral sobre todo Puerto Rico.