LUPA A LA LIBERACIÓN DE FAJARDO
El secretario de Corrección evalúa si la Junta de Libertad Bajo Palabra está facultada para autorizar la excarcelación de un reo que no está bajo la jurisdicción del ELA
LA FORMA EXPEDITA en que fue liberado el viernes el exsecretario de Educación Víctor Fajardo ha puesto bajo la lupa del Ejecutivo las acciones de la Junta de Libertad Bajo Palabra, que tendrá que explicar cómo autorizó la excarcelación de un reo antes de que estuviera bajo la jurisdicción de las autoridades locales.
Se suponía que a nivel estatal Fajardo cumpliera una condena de 25 años de cárcel -concurrentes con la pena federal- tras declararse culpable en unos 36 cargos criminales relacionados a un multimillonario esquema de lavado de dinero y apropiación de fondos públicos. Sin embargo, tras extinguir 12 años en la cárcel de mediana seguridad de Edgefield, en Carolina del Sur, el exsecretario de Educación llegó a Puerto Rico el viernes de madrugada y tras varias horas en la cárcel 705 de Bayamón se fue a su casa luego de que la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) le otorgó el privilegio de volver a la libre comunidad para terminar su sentencia local.
Según relató el secretario de Corrección y Rehabilitación, José Negrón Fernández, la JLBP le notificó al depar- tamento que dirige, que le otorgaba la libertad condicionada a Fajardo apenas unas horas antes de que el convicto llegara a Puerto Rico.
“A mí, como secretario, me levantan unas dudas o interrogantes. La celeridad con que la junta me notifica su decisión, que de hecho fue la mañana del mismo día en que llega a Puerto Rico. Es la primera vez que ocurre algo así en lo que llevo en el Departamento (de Corrección y Rehabilitación). No recuerdo un caso en que se conceda la libertad condicionada sin que el preso haya llegado antes a Puerto Rico”, dijo el titular de la agencia.
Negrón Fernández también destacó que tiene dudas en torno a si el marco legal vigente provee para que la JLBP tome determinaciones y emita órdenes sobre presos que técnicamente todavía no están bajo la custodia de las au- toridades locales.
“Es una duda de derecho que no tengo la contestación... si la Junta tiene jurisdicción para evaluar y tomar decisión sobre un preso que no está bajo la jurisdicción del sistema correccional de Puerto Rico. Es algo que, como abogado, quiero estudiar”, dijo. SE DEFIENDE LA JLBP
Para la presidenta de la JLBP, Mercedes Peguero Moronta, las dudas son infundadas puesto que la evaluación del caso se dio siguiendo los estatutos establecidos en la ley y los reglamentos de la agencia.
“Nosotros en la Junta funcionamos estrictamente con lo que dice la ley. No hay improvisación. Es una función cuasijudicial. No hubo nada ilegal o inmoral. Fue una decisión a conciencia. Al Sr. Fajardo se le denegó en más de una
ocasión la petición de libertad bajo palabra antes que se le aprobara. Además, todas las decisiones son revisables por las partes. No entiendo a qué se debe las interrogantes”, dijo Peguero Moronta.
El representante legal de Fajardo, Osvaldo Carlo, señaló que el proceso entablado por la Junta cumple con los parámetros legales. Recordó que la pena estatal impuesta a Fajardo se cumplía de manera concurrente con la federal. Es decir, el tiempo que pasó en las prisiones estadounidenses era contado como si fuera parte de la condena dictada en los tribunales locales.
Por eso, explicó Carlo, Fajardo cumple su término mínimo tras las rejas siendo un preso del sistema carcelario federal.
Carlo argumentó que la JLBP tiene la potestad de conceder la libertad condicionada -que aplicaría sólo a la condena local- a un preso que todavía no ha terminado su reclusión a nivel federal. Lo contrario sería echar por la borda el concepto de las sentencias concurrentes en ambas jurisdicciones, indicó.
“Si no, ¿para qué existe la concurrencia en las sentencias? Esto no es algo que toma de sorpresa al gobierno. Ellos sabían que Fajardo podía quedar en libertad. Esto es algo que se sabía desde que se fijaron las sentencias”, dijo Carlo.
La controversia podría implicar matices partidistas puesto que todos los miembros actuales de la JLBP cuestionados por García Padilla, fueron nombrados durante la administración novoprogresista de Luis Fortuño.
Fuentes de El Nuevo Día cercanas a La Fortaleza afirmaron que el gobernador García Padilla tiene dudas similares a las expresadas por el secretario de Corrección y Rehabilitación.
Las primeras expresiones de García Padilla levantando interrogantes en torno al funcionamiento de la JLBP surgieron el viernes, a pocas horas que se diera a conocer la excarcelación del convicto exsecretario de Educación bajo el mandato del exgobernador Pedro Rosselló González.
En esencia, el primer ejecutivo señaló que tras la liberación de Fajardo, se debería comenzar un proceso de revaluación de las ejecutorias de la JLBP y sus miembros.
“Amerita que se reevalúen los procesos de la Junta y la Junta misma. Una evaluación profunda de cómo está operando, de cómo están llevando procesos como este que en realidad giran sobre sucesos que hirieron profundamente la confianza del país”, repitió el gobernador en un aparte con los medios durante una visita a la plaza pública de Guayama el pasado sábado.
De encontrarse alguna irregularidad en el proceso, sólo las partes involucradas en el pleito legal que llevó a la encarcelación de Fajardo pueden solicitar una revisión. En este caso, el ministerio público estuvo representado por un fiscal especial independiente (FEI), por tratarse de un exfuncionario del gobierno. Al ser consultada sobre el asunto, la presidenta de la Oficina del Panel del FEI, Nydia Cotto Vives, indicó que hasta el momento no tienen información de que la Junta actuó de manera irregular. REDUCCIÓN DE COSTOS
Este organismo, aunque está adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación, tiene una amplia independencia operacional y una burocracia administrativa que muy bien podría asumir el DCR como agencia sombrilla. De este modo, dijo Negrón Fernández, se podrían reducir gastos administrativos.
“¿Es necesario que necesite la Junta un aparato administrativo separado con su burocracia? Yo creo que el momento es idóneo para cuestionarnos si queremos mantener la Junta funcionando como está o hacer enmiendas a su ley orgánica. Debe hacerse un análisis amplio del funcionamiento y su organización”, dijo el titular del DCR.
No se trata de eliminar las funciones de la Junta, dijo el funcionario. De hecho, contemplar esa idea sería perjudicial para el país, según el exsecretario de Corrección y Rehabilitación, Víctor Rivera González.
“No podemos seguir encarcelando a la gente hasta que Colón baje el dedo. Hay que creer en la rehabilitación y no pensar que se tiene solo una oportunidad en la vida”, dijo Rivera González.