Minada la confianza del pueblo
LA LIBERACIÓN del exsecretario de Educación, Víctor Fajardo, de cumplir la sentencia estatal fijada por el robo de $4.3 millones en fondos públicos tiene el efecto de minar dramáticamente la confianza del pueblo en las instituciones responsables de impartir justicia. No bien Fajardo puso pies en suelo puertorriqueño, después de haber cumplido en Estados Unidos la penalidad federal impuesta, la Junta de Libertad Bajo Palabra lo relevó de cumplir el tiempo carcelario impuesto en el tribunal estatal, otorgándole la libertad bajo palabra. Esta acción provee un argumento para aquellos que consideran que la justicia federal es más severa y logra mejor cometido que la justicia local.
La forma en que se ha completado este proceso, en tiempo récord, sin la presencia del confinado en la Isla, una investigación de su comportamiento penal con antelación a su llegada y un empleo aguardándole en Puerto Rico (mientras profesionales intachables tienen que migrar para encontrar trabajo), es una clara demostración que la Junta había estado maquinando hacía tiempo el asunto a espaldas del pueblo.
Este caso pone de manifiesto el refrán pueblerino, “el que tiene padrino se bautiza”. Ante los ojos de la ciudadanía este asunto saca a flote la desigualdad en el trato ofrecido al exsecretario de Educación frente al que recibiría Juan del Pueblo. La Junta de Libertad Bajo Palabra le hace un flaco servicio a Puerto Rico si su deber ministerial responde al estrato social a que pertenecen los confinados y sus relaciones con las esferas de poder gubernamental.
Se administra justicia cuando se castigan los delitos. Tan mala es la impunidad como los privilegios injustificados concedidos a los infractores de la ley. El tratamiento con guantes de seda no es un disuasivo, por el contrario, inclina a ésta y futuras generaciones de jóvenes para seguir el ejemplo. En este caso, a la dama de la justicia se le descorrió la venda de los ojos y la balanza en sus manos se inclinó hacia un lado.