Alcaldes proponen reducir su aportación al BGF
Elaboran contrapropuesta ante el temor de una degradación del crédito
DEJAR SIN EFECTO la reducción de .5% del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), que debía iniciar el próximo mes, es parte de una contrapropuesta que elabora la Asociación de Alcaldes y que dejaría engavetados dos proyectos que propuso el Ejecutivo para llevar liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Son varias las razones para presentar esta contrapropuesta. La principal de ellas es que la medida de La Fortaleza (de que 1.5% del IVU vaya al BGF) afectaría directamente a los municipios si ocurre una degradación crediticia, explicó José A. Santiago, presidente de la Asociación.
“Si los municipios ceden sus fondos a una estructura de depósito externo (como el BGF), y en un momento dado el Banco enfrenta la degradación y hay una falta de recursos, y tienen que pagarle a los bonitas, ¿qué garantía tiene el municipio que nos remitan lo que nos corresponde?”, preguntó Santiago.
Los dos proyectos presentados por el gobernador Alejandro García Padilla, al convocar la pasada sesión extraordinaria buscaban llevar el dinero recaudado del IVU al BGF. Los municipios reciben ac- tualmente 1.5% del IVU, de los cuales un centavo les llega directamente.
La propuesta de los alcaldes es que, en lugar de 1.5%, se envíe .5% directamente al BGF siempre que se use para cubrir los pagos de las deudas de los municipios, cantidad que asciende a $50 millones anuales. El total de esas deudas ronda entre $250 millones y $300 millones. “Ante la realidad que estamos viviendo, nosotros no nos estamos oponiendo a una colaboración, estamos cediendo el .5% al Estado”, dijo Santiago. “Es una propuesta alterna y se lo comuniqué a Fortaleza”, indicó.
Otra situación que llevó a la Asociación a trabajar en una contrapropuesta es que varios alcaldes populares, entre ellos los de Mayagüez, Carolina y San Juan, tienen objeción a las dos medidas presentadas por el Ejecutivo.
El alcalde mayagüezano, José G. Rodríguez, advirtió que llamaría a los legisladores de su región para que le voten en contra por entender que las medidas atentan contra la autonomía municipal.
“Todavía se mantiene la resistencia y falta de confianza de algunos alcaldes preocupados ante el hecho de que la entrega del por ciento (que le corresponde a los municipios) no estaría garantizada si se declara en chatarra el crédito del país”, indicó Santiago.
La tercera razón está apoyada en un análisis que hizo el BGF sobre cómo estas medidas impactarían los ayuntamientos que reflejó que “varios municipios pudieran tener un impacto negativo” de aprobarse estas medidas, señaló.
Minutos antes de explicar la decisión, el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, indicó que apoyaba los dos proyectos que presentó el Ejecutivo condicionados a las enmiendas que le fueron presentadas en diciembre pasado. Una de estas era que se garantizara el pago de las deudas de los municipios.
“Hay una comunicación directa con los portavoces (novoprogresistas) de votarle a favor al acuerdo que se hizo”, dijo.