Choque entre Hacienda y la CCPR
El estatuto exige más información al radicar los estados financieros auditados
La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) tildó como un “desacierto mayúsculo” la aprobación en días recientes de la Ley de Mecanismos Efectivos de Fiscalización Contributiva (Ley 163) ya que, según la entidad, representará un golpe devastador para el sector comercial.
El estatuto busca proveer más herramientas de fiscalización, a modo que el gobierno pueda recaudar más ingresos, algo crucial en esta coyuntura.
La ley enmienda el Código de Rentas Internas, y entre otras cosas, amplía la divulgación de la información que algunos negocios deben someter con relación a sus estados financieros auditados, autoriza la publicación de información de los deudores morosos (sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos), y autoriza que se divulgue información a personas que no son empleados del Departamento de Hacienda, pero que asisten a este en sus gestiones de fiscalización.
Melba Acosta, secretaria de Hacienda, apoyó la medida y explicó que el estatuto es la “evolución natural” de un proceso que inició con la Reforma Contributiva de 1987.
Pero Jorge Cañellas, presidente de la CCPR, comentó que el proyecto está “lleno de fallas” y es “oneroso” para el comercio.
La titular de Hacienda recordó que fue en 1987 cuando por primera vez se requirió a ciertos contribuyentes someter estados financieros auditados junto a su planilla de contribución sobre ingresos.
Transcurridos 25 años de esa Reforma Contributiva, y dado los cambios incorporados al sistema -incluyendo el IVU-, los estados financieros auditados son hoy una herramienta de fiscalización poco efectiva.
“Dichos estados no están diseñados con ese objetivo, sino con el de proveer información crítica a los accionistas, acreedores y otras entidades con un interés en dicho negocio”, dijo Acosta en defensa de la Ley 163.
DISUASIVO. Comentó la Secretaria que los nuevos requerimientos de información serán un disuasivo para algunos contribuyentes, al tiempo que ayudarán a Hacienda a identificar “con mayor facilidad y eficiencia los contribuyentes que no están cumpliendo a cabalidad con su responsabilidad contributiva”.
Sin embargo, el presidente de la CCPR indicó que la medida, radicada el pasado 21 de octubre, y aprobada al mes siguiente, se firmó “sin consultar a las asociaciones de negocio”.
“La medida habrá de operar en contra de todos los negocios, pues requiere que los estados financieros emitidos por un CPA se expandan para incluir una cantidad alarmante de información financiera adicional”, manifestó Cañellas,
Según él, la labor que se le requerirá ahora al CPA es tarea que les corresponde hacer a Hacienda, el CRIM y los municipios.
Mencionó como ejemplo, que el CPA deberá reportar en la planilla de cada cliente, si el IVU se ha depositado, si las retenciones se han hecho y si los negocios están cumpliendo con los requisitos de los decretos de exención contributiva.
Deberá también verificar que los métodos de contabilidad usados están autorizados por Hacienda, así como la cuantía de los inventarios por mes, y los volúmenes de negocio por municipio, agregó Cañellas, quien estambién abogado y CPA.
OPOSICIÓN. La CCPR y el Colegio de CPA se opusieron a este proyecto, convertido ahora en ley. Según Cañellas, tanto la legislatura como el ejecutivo están conscientes de las deficiencias que tenía la medida, pero optaron por convertirla en ley y enmendarla luego.
“Favorecemos que se continúe atacando la economía subterránea y se cumplan las leyes fiscales del país, pero no estamos de acuerdo con que se transfiera esta obligación de Hacienda, del CRIM, y de los municipios a los CPA’s, en vista de que ésta habrá de encarecer los costos de las auditorías y coloca a estos profesionales en posición de un posible conflicto y en contradicción con los estándares que gobiernan esta profesión, dijo el líder de los camaristas, quien es además comerciante.
“La Cámara de Comercio de Puerto Rico entiende que este proyecto plantea asuntos que afectan la competitividad del país y consecuentemente tendrá un efecto devastador en la confianza de los inversionistas, ya que solo en Puerto Rico se va a requerir este tipo de información financiera suplementaria a los estados financieros auditados”, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.