El Nuevo Día

Transferen­cias de cuentas no alarman a la banca

- Por Marie Custodio Collazo y Miguel Díaz Román mcustodio@elnuevodia.com

Ejecutivos de institucio­nes financiera­s en Puerto Rico dicen que los bancos privados en la Isla tienen suficiente liquidez

El proyecto legislativ­o que busca inyectarle liquidez al Banco Gubernamen­tal de Fomento (BGF) no debe tener grandes impactos en los servicios que ofrecen las institucio­nes financiera­s de Puerto Rico, según expresaron ayer varios banqueros consultado­s.

Arturo Carrión, vicepresid­ente ejecutivo de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), comentó que la banca de Puerto Rico está bien capitaliza­da y no le preocupa demasiado el retiro de los depósitos del Gobierno. Al tiempo que enfatizó en que lo más importante es salvar el crédito de Puerto Rico.

Mientras que José Rafael Fernández, presidente de la ABPR y principal ejecutivo de Oriental Financial Group, fue enfático en que la banca local tiene suficiente liquidez para continuar evaluando los créditos y emitiendo préstamos a individuos y empresas.

“El único impacto sería en la ca- pacidad para prestarle al mismo gobierno. No va a afectar la prestación de servicios al consumidor ni otros préstamos para los consumidor­es” aseguró por su parte Aurelio Alemán, principal oficial ejecutivo de First BanCorp., matriz de Firstbank.

Este explicó que los depósitos de las entidades gubernamen­tales en los bancos comerciale­s se utilizan, principalm­ente, para garantizar préstamos de dichos organismos.

“Tenemos que asumir que si el BGF asume los depósitos es porque les va a dar los préstamos”, agregó Alemán.

El Proyecto del Senado 857 impactaría a casi $3,000 millones de depósitos de las agencias, corporacio­nes públicas y municipios que están depositado­s en los bancos de Puerto Rico y que tendrían que transferir­se al BGF. Esto representa alrededor del 6% de los $47,000 millones que tienen en depósitos los siete bancos privados que operan aquí.

Los tres banqueros consultado­s coincidier­on en que no esperan que el retiro de fondos sea total, ya que las institucio­nes ofrecen una serie de servicios, que requiere una infraestru­ctura tecnológic­a que el BGF no tiene. Algo que, dijeron, la medida legislativ­a toma en considerac­ión y establece que el BGF podrá otorgar dispensas a las agencias que lo requieran.

TIEMPOS COMPLICADO­S. Si bien Carrión aclaró que el posible impacto por el retiro de depósitos dependerá del plan de negocios de cada institució­n, enfatizó en que entiende que la medida para inyectarle liquidez al BGF es necesaria para tratar de frenar la degradació­n del gobierno de Puerto Rico. En esto último coincidier­on sus colegas consultado­s.

“Tiempos complicado­s y difíciles como estos requieren medidas extremas”, expresó por su parte Fernández, “El BGF está entrando en una etapa en la que tiene que asegurarse de que crea una fortaleza financiera importante, especialme­nte en liquidez, y entra en un proceso de alcanzar la mayor liquidez posible. Eso la banca lo entiende, porque se trata de evitar la degradació­n de Puerto Rico”.

El principal ejecutivo de Oriental agregó que la ABPR ha propuesto que se aumente el impuesto a la venta y usos (IVU), como una de las alternativ­as para darle liquidez al BGF. “El aumento del IVU es una alternativ­a rápida para aumentar la liquidez y poder emitir deuda a un precio mucho más bajo. A corto plazo, hay que seguir tomando medidas antipática­s”, sentenció.

OPOSICIÓN. Mientras el PS 857 ya pasó el cedazo del Senado, el presidente de la Cámara de Representa­ntes, Jaime Perelló, adelantó que espera la aprobación sin cambios de la medida en la sesión extraordin­aria de este mes.

No obstante, los representa­ntes del Partido Nuevo Progresist­a votarán en contra de la medida, según expresó su portavoz, Jennifer González. Esta también cuestionó la capacidad del BGF para ofrecerle al gobierno las mismas tasas de interés y servicios de la banca privada.

“Todo esto es una medida desesperad­a y de improvisac­ión fiscal, que se traducirá en un golpe a la economía, porque la banca no podrá dar préstamos a los pequeños comerciant­es y a los ciudadanos”, argumentó la legislador­a.

RESISTENCI­A MUNICIPAL. En tanto, el presidente de la Federación de Alcaldes (FA), el alcalde de Guaynabo, Héctor Oneill sostuvo ayer que su municipio no transferir­á sus depósitos bancarios al Banco Gubernamen­tal de Fomento (BGF) y aseguró que defenderá la autonomía municipal.

“Yo no voy a enviar ningún depósito bancario al BGF. Para mí no hay seguridad de que pueda (el banco) salir del problema que tiene, que fue provocado cuando el Fondo de Garantía del BGF se usó para las Comunidade­s Especiales. Yo creo mucho en la autonomía municipal y no pueden obligar a los municipios a hacerlo. Sería un atentado a la autonomía municipal. El que quiera hacerlo que lo haga”, señaló Oneill de manera retante.

El presidente de la FA indicó que ya los municipios hecho su aportación para resolver dificultad­es económicas del BGF y del gobierno central, en detrimento de sus propias finanzas.

“Los municipios ya están solventand­o al BGF porque de las contribuci­ones a la propiedad, que es el 6%, un 3% se queda para garantía a los préstamos al gobierno central. El otro 3% se usa para aumentar el margen prestatari­o de los municipios, lo que llaman la Contribuci­ón Adicional Especial (CAE). Ahora mismo, la confianza mayor de los bonistas es en los bonos municipale­s”, denunció Oneill de forma airada, al tiempo que puntualizó que la experienci­a de los municipios con el BGF no ha sido positiva.

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ARTURO CARRIÓN, vicepresid­ente ejecutivo de la Asociación de Bancos.
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JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ, principal ejecutivo de Oriental.
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AURELIO ALEMÁN, principal ejecutivo de First BanCorp.

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