Desafío a la Judicatura

La reciente firma por parte del gobernador de la ley que reforma los sistemas de retiro de los maestros y de la Judicatura ha planteado una realidad ante el pueblo de Puerto Rico.

Una realidad que todos sabíamos que existía, pero que no se planteaba públicamente.

Esa realidad es que en Puerto Rico hay diferentes clases de ciudadanos y contribuyentes. Unos que tienen que sufrir todos los embates económicos y sociales que les imponen y otros (los “pre-madonas”) que son intocables y que se amparan en la justicia y en sus togas para reclamar ese trato preferente.

Es una casta de togados que, hasta su muerte, viven del pueblo y, hasta sus viudas, que nada saben de leyes, también. Togados que están allí por obra del espíritu político y no por su capacidad, temperamento o integridad. De esos mismos que recientemente los han señalados por guiar ebrios, consumir sustancias ilegales, atropellar a transeúntes, impartir justicia parcializada y contactar a testigos y a jurados.

Se habla de un desafío a la Judicatura, pero no por haber sido aprobada la ley. El verdadero desafío que se le plantea a la Judicatura de Puerto Rico es si tienen la suficiente sensibilidad y compromiso para sufrir también los efectos de la situación económica de éste, el Puerto Rico de todos.

El alegato de que ajustarle su pensión es inconstitucional porque tiene el efecto de reducir su salario es ilusorio e indigno de esa casta. Los empleados públicos han sufrido despidos, reducción real en sus salarios, ajustes en su pensión y nada ha hecho la Judicatura para ayudarles pues “son medidas necesarias para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país”. Pero cuando los tocan a ellos, que están cubiertos por las togas, entonces estamos hablando a nivel de la Constitución.

Desafiamos a la Judicatura de Puerto Rico a que, por primera vez en la historia, sean parte de la casta de “ciudadanos de Puerto Rico” que, como todos buenos hijos de vecino, aportan al bienestar común y no a sus propios intereses solamente.