A la basura cientos de millones para reciclaje
Investigación de El Nuevo Día revela que quedaron en nada $190 millones destinados a aumentar la reutilización de materiales desechados
A MÁS DE DOS décadas de haber sido aprobada la Ley 70, que creó un Programa de Reducción y Reciclaje de los Desperdicios Sólidos (PRRDS) en Puerto Rico con el fin aumentar las tasas de reciclaje y mermar el uso de los vertederos, en la Isla no solo siguen siendo los vertederos los principales depósitos de los residuos domésticos, sino que se han erogado cifras multimillonarias que nunca llegaron a redundar en el cumplimiento de los propósitos de la ley.
En 1992, cuando se aprobó el estatuto, se esbozó una política pública que, en teoría, iba dirigida a que la reducción, el reúso y el reciclaje fueran las primeras opciones para la disposición de los des- perdicios sólidos en el país. Pero, en la práctica, las prioridades se invirtieron para que la utilización de los rellenos sanitarios y la incineración predominaran la discusión pública, así como primaron el desembolso de fondos y el ideario de grandes proyectos de infraestructura.
La otra opción que con mayor fuerza se ha ofrecido como solución para la disposición de la basura son las plantas de recuperación de recursos, donde se quemarían los materiales para reducirlos y generar energía. La incineración de la basura doméstica ha sido incorporada, aunque no puesta en práctica, en los esquemas presentados por las administraciones de Rafael Hernández Colón, Pedro Rosselló, Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y no ha sido descartada por Alejandro García Padilla.
A pesar de que la política pública del Estado Libre Asociado establece a las plantas de recuperación de energía y los vertederos como últimas opciones para el manejo de la basura, el Itinerario Dinámico de Proyectos de Infraestructura (IDPI), que es un plan operacional para 25 años, contempla que el 65% de los residuos se dispongan en vertederos o plantas “waste to energy”. Este plan aprobado en 2008 está vigente.
“Nosotros nunca, como en muchas otras cosas, hemos tenido una política pública clara de hacia dónde debemos dirigir la cuestión del manejo de materiales”, lamentó el líder ambientalista Juan Rosario. “Aquí se han estado planteando todo el tiempo soluciones remediales y la discusión ha sido si enterrar o quemar los materiales”, agregó.
De igual manera, de las instalaciones que son propiedad de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) sólo un 26% se hizo para el acopio de materiales reciclables o composta y, para colmo, el 40% de ellas están cerradas. El 74% de las instalaciones de la ADS son estaciones o miniestaciones de trasbordo para el depósito de la basura de paso a un vertedero regional.
Tampoco se posee estadísticas confiables sobre la tasa de desvío de materiales reciclables.
Según el IDPI, en 2006 no se llevó a vertederos un 15.3% de los materiales desechados. Ese o cercano a ese número es el que todavía suele ofrecerse como el registro del desvío actual a pesar de que el material vegetativo ya no entra a los
vertederos y de que se disparó el reciclaje de aluminio, cobre y de otros metales.
IMPERICIA ESTADÍSTICA
El director ejecutivo de la ADS, Agustín Carbó Lugo, reconoció su insatisfacción con las estadísticas que ha presentado esa corporación pública en los últimos años porque, según dijo, no se asemeja a la experiencia de aumento en la separación de materiales que observa en varios municipios y en el sector industrial.
“Es un problema de recolección de data. Los trimestrales de reciclaje son extremadamente complejos y eso es una de las cosas que yo he pedido reestructurar y hacerlos más sencillos”, dijo Carbó Lugo.
El director ejecutivo indicó que existe falta de peritaje en la compilación estadística tanto en esa dependencia como en algunos municipios y entidades obligadas a rendir informes de reciclaje. La ADS tiene un programa de internado con la Universidad de Puerto Rico con estudiantes de estadísticas, quienes trabajan precisamente en el cálculo y evaluación de las tasas de desvío.
CLAVE DEL FRACASO
Tras la aprobación de la Ley 70 en 1992 y como si anticipara el futuro, el entonces coordinador de Misión Industrial, Wilfredo López Montañez, advirtió en una entrevista publicada en ese momento que si “esta ley no se queda guardada en los escritorios de los burócratas podría constituir un paso de avance. Si es que la ley se toma con seriedad”.
La Ley 70 suponía que para 1995 se reciclara el 35% de los materiales desechados, pero en lugar de promoverse acciones efectivas que obligaran a cumplir esa meta, la fecha se pospuso hasta que se dejó de hablar de plazos concretos para cumplir ese objetivo. Ni siquiera las agencias de gobierno han cumplido con su obligación de establecer programas de reciclaje. Sólo 12 los han formalizado, según datos de ADS.
“Para establecer una meta de esta naturaleza, que fue mediante una ley, usted tiene que asignarles fondos a las agencias de gobierno y municipios para que establezcan programas dinámicos, lo cual no pasó aquí”, indicó el exdirector de la Junta de Calidad Ambiental, Santos Rohena, quien ve necesaria la imposición de multas ante incumplimiento con disposiciones de reciclaje.
La Ley de Programa de Reducción y Reciclaje de los Desperdicios Sólidos también ha tropezado con los vaivenes de las administraciones de gobierno y sus percepciones de cómo promover el reciclaje y bajo qué métodos.
Pero además de presa de la burocracia, el estatuto quedó a merced del vaivén político que, como en otras ocasiones, parece haber sido la clave del fracaso.
De manera que, desde la aprobación de la Ley 70, las administraciones que se han turnado en el poder han presentado el Plan de Infraestructura Regional para el Reciclaje y la Disposición de los Desperdicios Sólidos (1995), el Plan Estratégico para el Manejo de los Residuos Sólidos (2004) y el Itinerario Dinámico de Proyectos de Infraestructura (2008).
Precisamente durante el cuatrienio de
Hacían cosas tan absurdas (en infraestructura y proyectos) que era obvio que la única razón para que algo así se estuviera haciendo era para darle dinero a alguien. Era un tumbe”
JUAN ROSARIO líder ambientalista
2005-2008 fue cuando la ADS tuvo los presupuestos más bajos de la última década, con entre $5 millones a $6.6 millones para operar. Además, los fondos para reciclaje del Programa de Asistencia Económica a los municipios fueron casi inexistentes durante este término.
En 2009, la ADS fue sacudida por la Ley 7 de Emergencia Fiscal para Puerto Rico y se quedó con menos de 50 empleados para, entre otras cosas, apoyar y supervisar los planes de reciclaje públicos y privados, así como para mercadear e incentivar la industria del reciclaje. “No es que hayan fracasado los planes de reciclaje, es que los hicieron fracasar”, opinó Javier Biaggi, del grupo Basura Cero.
MILLONES TIRADOS A LA BASURA
Mientras, la ADS ha pagado sumas multimillonarias por estudios, planes, consultores, contratistas y proyectos de infraestructura.
Sin embargo, aspectos medulares de algunos de esos estudios para garantizar altas tasas de recuperación de materiales han sido ignorados por el Estado. Algunos de ellos son el recogido de materiales reciclables en zonas residenciales, cumplir los mandatos que hacen obligatorias en algunas prácticas de reciclaje y el desarrollo de mercados para materiales reciclables.
Sin haber puesto en práctica esas recomendaciones, la ADS concentró su inversión en la construcción de proyectos de infraestructura. Para 2000, la agencia había invertido $85.2 millones en las primeras fases de un plan maestro de infraestructura, según el informe de transición que presentó ese año.