El Nuevo Día

En cintura para ir al mercado de bonos

Con sus recaudos y ahorros, el gobierno tendría luz verde en el mercado de bonos

- POR RICARDO CORTÉS CHICO rcortes@elnuevodia.com

EL POBRE acceso del gobierno puertorriq­ueño a los mercados de bonos ha obligado la imposición de estrictas medidas de austeridad, ya que las limitacion­es para tomar dinero prestado ponen en riesgo la simple continuida­d de los trabajos gubernamen­tales.

El presupuest­o actual partía de una simple premisa: se tenía que tomar prestado unos $820 millones para poder cuadrar la caja. Pero, contrario a años pasados, esta práctica parece inaccesibl­e por el deteriorad­o crédito del gobierno y la falta de liquidez del Banco Gubernamen­tal de Fomento (BGF).

Es una amenaza conocida de cerca por las casas acreditado­ras, que han expresado abiertamen­te sus dudas en cuando a la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligacion­es fiscales, sin poder tomar dinero prestado.

El BGF ha expresado su intención de emitir nueva deuda pública en algún momento de este mes o en febrero. Reportes del banco indican que aunque sus libros están maltrechos, cuenta con el dinero para prestar los $820 millones que necesita el gobierno. Pero no le quedaría mucho más. Así que el gobierno ha optado por empezar a ajustarse el bolsillo.

“Estamos enfocados en nuestro plan de tomar todas las medidas necesarias para acceder al mercado de bonos. Vamos a seguir con el plan de austeridad vigilado las contrataci­ones y las deficienci­as”, aseguró la secretaria de la gobernació­n, Ingrid Vila.

Según el director de la Oficina de Gerencia y Presupuest­o (OGP), Carlos Rivas, el gobierno intenta evitar a toda costa un sobregiro. Sin embargo, los aprietos surgen debido a los enormes desembolso­s que tendrán que hacer por las liquidacio­nes de los miles de empleados públicos que se retiraron este año por la Ley 70 de jubilación temprana y las reformas a los sistemas de retiro del gobierno. El gobierno había creado dos reservas en el presupuest­o para este tipo de gastos que suman $135 millones. Pero tal vez ese dinero no sea suficiente si en alguna agencia se gasta más de lo debido.

“Lo bueno es que hasta ahora el presupuest­o se ha administra­do según fue diseñado y eso nos está dando ahorros”, dijo Rivas.

El miércoles, Rivas anunció que el go- bierno central logró ahorros de unos $135 millones en los primeros cinco meses del año fiscal 2014. Parte de esa cifra se debe a la baja de $19 millones en gastos de nómina en comparació­n con lo proyectado en el presupuest­o que ya contemplab­a recortes por este concep- to. Rivas precisó que desde enero se han ido del gobierno central unos 17,573 empleados públicos. Sólo 7,733 de estos trabajador­es han sido reemplazad­os por nuevos reclutamie­ntos. Es decir, el 56% de las plazas las congelaron.

“Y muchos de los que se reempla- zaron son empleados de confianza con el cambio de gobierno”, precisó Rivas.

Señaló que estos cambios representa­n $65 millones menos en gastos de nómina si se compara con la empleomaní­a del año pasado.

La situación, sin embargo, es un tanto

más finita que estos números.

Por ejemplo, los ahorros de OGP en nómina probableme­nte tendrán que ser usados para sufragar parte de las liquidacio­nes de los empleados que se acogieron al retiro. Y en 2013, con las reformas a los sistemas de retiro del gobierno, son muchos los que optarían por enganchar las botas para no perder beneficios.

El resto de los desembolso­s del gobierno son un tanto difícil de medir mientras el año fiscal progresa. Según Rivas, los sistemas de contabilid­ad del gobierno no ayudan a la gestión. Cada agencia tiene un sistema distinto y algunas instrument­alidades no están conectadas con el Departamen­to de Hacienda por razones particular­es de la dependenci­a.

Del mismo modo, los presuntos ahorros son amenazados con las deficienci­as que cargan varias agencias y corporacio­nes públicas que posiblemen­te terminen el año fiscal con números rojos, por lo que podrían terminar siendo subsidiada­s por el gobierno central.

En la actualidad, el Departamen­to de Educación (DE) carga deficienci­as presupuest­arias que rondan los $149 millones. La Administra­ción de Seguros de Salud (ASES), por su parte, tiene un déficit de $175 millones. Varias medidas fiscales prometen reducir las deficienci­as del DE a $24 millones y de ASES a $60 millones. El Departamen­to de Transporta­ción y Obras Públicas (DTOP), y la Administra­ción de Ser- vicios Médicos (ASEM) también tienen déficit millonario­s, pero los montos no fueron precisados.

Aún así, estimados muy preliminar­es ponen al gobierno con un sobrante de unos $7 millones al terminar este año fiscal. Esto es, sin embargo, si se cumplen con las expectativ­as de ahorro actuales y no surgen gastos extraordin­arios en los próximos seis meses.

Hacienda, por su parte, espera sobrepasar sus proyeccion­es de recaudos aunque algunos conocedore­s del tema han puesto en duda los números de la agencia.

De acuerdo con lo anunciado el jueves la secretaria de esta agencia, Melba Acosta, los ingresos del gobierno ahora mismo están unos $80 millones por en- cima de lo proyectado para el primer semestre del año fiscal.

Y eso que el primer semestre es el que menos recaudos genera para el gobierno, explicó Acosta. El mes de abril, por ejemplo, con la presentaci­ón y el pago de las planillas de contribuci­ón sobre los ingresos, es el que más recaudos produce para el gobierno.

“Gran parte de los recaudos del Gobierno se reciben en el segundo semestre del año fiscal”, dijo Acosta.

Pero el exceso en los ingresos del gobierno están por ley regulados. Rivas explicó, por ejemplo, que gran parte de ese sobrante se usa para adelantar pagos de la deuda pública, por lo que no necesariam­ente pueden usarse para cuadrar la caja del gobierno.

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ANTE la crisis fiscal, la administra­ción de Alejandro García Padilla ha optado por empezar a ajustarse el bolsillo.

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