El Nuevo Día

MÁS REFUERZOS PARA LA LEY 54

Reforzar la Ley 54 contra la Violencia Doméstica sigue siendo tarea prioritari­a en Puerto Rico, por lo que el mero encarcelam­iento del agresor convicto no puede ser suficiente para que el Estado cumpla cabalmente con su obligación de proteger a las víctim

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Por ello, nos parece meritorio el proyecto bajo estudio del Senado que busca reforzar dicha ley, obligando al Departamen­to de Corrección y Rehabilita­ción a notificar por ley a todas las víctimas de estos actos sobre la inminente excarcelac­ión del convicto agresor. Ya existe en la agencia el Servicio de Aviso a Víctimas sobre el Estatus de Reclusos (SAVER), un programa administra­tivo que se nutre de fondos federales, pero que no cuenta con el respaldo de una ley adoptada por la Asamblea Legislativ­a que pueda garantizar su permanenci­a.

La legislació­n propuesta para darle rango de ley al programa, que está bajo estudio de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, recibió en días pasados el respaldo del secretario de Corrección y Rehabilita­ción, José Negrón Fernández, quien estuvo de acuerdo en que un estatuto evitaría el cese de SAVER en caso de que se terminara la asignación de fondos federales.

De hecho, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la senadora Maritere González, planteó que de la manera en que se maneja actualment­e el programa, existe un vacío que permite la discreción a la hora de notificar, en lugar de ser obligación de ley.

Coincidimo­s en que, sin fuerza de ley, no es posible reconocer alguna prueba fehaciente de que la notificaci­ón se hace correctame­nte en todos los casos, de modo que las víctimas conozcan con suficiente antelación que el convicto agresor ha cumplido el mínimo de su sentencia y que es elegible a un programa de desvío o a ser referido a la Junta de Libertad Bajo Palabra.

El programa SAVER establece que el sistema correccion­al le avise ocho meses antes sobre la elegibilid­ad del convicto a algún tipo de libertad, mientras que la legislació­n bajo estudio fija un término mínimo de 120 días para la notificaci­ón previa a las víctimas.

SAVER opera con siete oficiales de notificaci­ón, además de personal administra­tivo, que tienen la tarea de recibir el aviso de las autoridade­s carcelaria­s y proceder entonces a buscar los datos de las víctimas y los testigos relacionad­os con el caso, para hacer las notificaci­ones, que pueden ser escritas o telefónica­s. El programa cuenta con una base de datos que guarda 25,382 informacio­nes de víctimas y 13,981 de ofensores.

Esta estructura facilitará sin duda la conversión del programa como opera actualment­e a un modelo diseñado por ley.

Confiamos en que la Asamblea Legislativ­a apruebe prontament­e la medida y que el gobernador Alejandro García Padilla la convierta en ley, de modo que las víctimas de violencia de género en Puerto Rico cuenten con un recurso adicional que les ayude a reforzar su seguridad y que les permita prepararse con tiempo suficiente ante la eventual excarcelac­ión de un agresor convicto.

Cada año se presentan en Puerto Rico más de 13,000 casos de violencia de género, por lo que la Ley 54 debe ser objeto de constante revisión, de modo que cuente con las garras suficiente­s para responder adecuadame­nte a la magnitud del problema.

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