Degradación, distinción infausta
Ante la degradación del crédito de Puerto Rico, Alejandro García Padilla convocó a conocidos estrategas y cabilderos del PPD, entre ellos su director de campaña, Irving Faccio, José Aparicio y el empresario Eduardo Rivero, de Media Power Group.
Su función no era resolver el problema, sino desarrollar una estrategia de comunicaciones para determinar qué le decían al pueblo y a las casas acreditadoras.
Esperaban que el informe del Índice de Actividad Económica del mes de diciembre fuese positivo, pero la presión de las casas acreditadoras forzó al Banco Gubernamental de Fomento a publicarlo, el cual cerró con una caída interanual del 5.2% permaneciendo en negativo por 12 meses consecutivos.
Standars & Poor’s fue la primera en degradar los bonos del Gobierno, y podría degradarlos nuevamente en cualquier momento, como lo hizo con la Autoridad de Carreteras, los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro, la UPR y parte de la deuda de la AAA.
Le siguió la clasificadora Moody’s, que degradó a nivel especulativo o “chatarra” a más de una docena de agencias. Fitch Ratings, la tercera pata del trípode que sostiene la clasificación crediticia, completó el ciclo de degradación a varias dependencias del ELA.
Los principales periódicos financieros del mundo destacaron la crisis, en la que logró Puerto Rico la infausta distinción de ser la primera jurisdicción a “nivel estatal” en Estados Unidos con grado especulativo o chatarra.
Según David Hitchcock, analista de S&P, “Puerto Rico posee una limitada liquidez si no tiene acceso al mercado de deuda en grandes cantidades y podría necesitar acceso adicional al mercado para financiar un potencial déficit operacional” ya que necesita $940 millones para el pago del principal e intereses que se aceleran con la degradación.
La crisis económica se extendió a la empresa privada y Moody's puso en revisión a los bancos Santander, Popular y First Bank. Como medida desesperada, anunciaron una nueva emisión de bonos, con intereses de entre 10% y 11%, para refinanciar o pagar la deuda que tiene un vencimiento acelerado. No entienden que así no saldrán del precipicio fiscal actual.
Ante este cuadro, no podemos ignorar datos históricos que tienen relevancia. Durante el cuatrienio 1973-76, Rafael Hernández Colón duplicó la deuda pública y aumentó sustancialmente la cantidad de empleados públicos, lo que resultó en una degradación del crédito. Ahí comenzó la práctica de cuadrar los presupuestos con préstamos.
Pedro Rosselló se distinguió por el desarrollo de megaproyectos permanentes de infraestructura como el Tren Urbano, el superacueducto y la Reforma de Salud que requirieron grandes sumas en emisiones de bonos.
En el 2001, Sila Calderón destinó $1,000 millones para el programas de Comunidades Especiales. Por su parte, en el 2005, Aníbal Acevedo Vila aseguró que heredó un déficit estructural de $1,300 millones. Ese mismo año el crédito del Gobierno fue degradado y co- locado al borde de chatarra. En el 2007 comenzaron a financiar operaciones a través de Cofina que se creó para pagar la deuda extraconstitucional.
En el 2009, Luis Fortuño, quien heredó un déficit de $3,306 millones, decretó una emergencia fiscal y se vio precisado a hacer una emisión de bonos de $4,000 millones para cubrir el déficit y pagar cheques y pagarés sin fondo. Mediante la Ley 7 autorizó un plan de cesantías y de retiro temprano de trabajadores públicos para aliviar el Fondo General.
No cabe duda de que la isla atraviesa una crisis muy difícil. Tampoco hay duda que luego de más de seis décadas, el experimento del modelo politico-económico del ELA territorial colonial ha fracasado, llevando a Puerto Rico en un prototipo de subdesarrollo. Los puertorriqueños tenemos que dar el paso para lograr un estatus que garantice igualdad de derechos y lograr la expectativa de un mejor futuro. Confiamos que esta coyuntura acelere el proceso para convertir a Puerto Rico en estado de la Unión.