Discriminatorio e inhumano
Nuestra experiencia con el virus de inmunosuficiencia humana (VIH) ha registrado grandes avances desde que se describió el primer caso en Puerto Rico en 1980. Las tasas de contagio se han reducido dramáticamente. Con el advenimiento de medicamentos efectivos desde 1996, su morbilidad y mortalidad también han mermado notablemente. El paciente con VIH positivo puede aspirar hoy a una esperanza de vida similar a la de la población general, por lo que se ha aminorado el sentido de urgencia que prevaleció cuando la positividad implicaba una sentencia de muerte. Ello nos ha conducido a bajar la guardia, a exponernos sin protección. Todavía se contagian innecesariamente unos setecientos puertorriqueños cada año.
El acumulativo de infectados vivos se ha duplicado de 10,000 a 20,000 casos desde 2004. Un significativo 20% adicional vive sin saber que está infectado. Puerto Rico sigue figurando entre las diez jurisdicciones estadounidenses con más altas tasas de casos nuevos (incidencia), infectados vivos (prevalencia) y mortalidad.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los pacientes VIH positivos reconocen que en Puerto Rico, cada paciente que así lo desee, puede obtener ininterrumpidamente sus medicamentos. Sin embargo advierten, que las campañas de prevención no enfatizan en el riesgo de contagio no esperado que todavía persiste en algunos sectores poblacionales, especialmente entre los heterosexuales. Que no se ha mantenido, ni intensificado, la divulgación de las medidas básicas de protección y la educación sexual temprana en nuestros jóvenes. Desafortunadamente, los hospitales se han negado durante los últimos años a proveer a los pacientes con VIH positivos hospitalizados de Mi Salud, los medicamentos que éstos regularmente toman en el nivel ambulatorio. Esa acción viola múltiples leyes y guías estatales y federales. Los hospitales proveen sus medicamentos ambulatorios a los demás hospitalizados por otras condiciones.
Los esfuerzos de las organizaciones para establecer un diálogo con las autoridades gubernamentales y hospitalarias han sido infructuosos. El Departamento de Salud emitió un comunicado en octubre a todas las instituciones hospitalarias, pero se limitó a exhortar al cumplimiento, no a exigirlo.
Interrumpir la continuidad del tratamiento puede ser fatal para dichos pacientes, a los que siempre se les está enfatizando lo determinante que es la adherencia a sus medicamentos. Esa práctica de los hospitales es discriminatoria e inhumana y la secretaria de Salud tiene que detenerla inmediatamente.
ibrahim2@onelinkpr.net