Acusados dos empresarios de evadir pagos del IVU:
Bora Bora y Flamers no enviaron a Hacienda $1.2 millones que habían cobrado por concepto del impuesto
LAS ACUSACIONES contra dos comercios locales por cobrar $1.2 millones del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) y no remitirlo al Departamento de Hacienda ponen de manifiesto las debilidades en la estructura de captación de ese tributo.
Las empresas en controversia fueron identificadas por el Departamento de Hacienda como On The Grill Food Corp. y las tiendas Bora Bora, Inc., las que enfrentan 36 cargos.
Con esto, el Gobierno busca poner en cintura a comercios que cobran a sus clientes el IVU, pero no lo refieren al Estado agravando la ya seria situación fiscal de Puerto Rico. De hecho, se estima que cerca de $500 millones que se cobran por concepto de IVU no llegan a las arcas de Hacienda.
“Esto (radicación de cargos) es un mensaje de que Hacienda y Justicia trabajan muy en serio en atacar la evasión”, expresó ayer la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.
El esquema de evasión de estas dos compañías consistía en remitir a Ha-
El dinero con el que se quedan estos comercios no es de ellos, es del pueblo de Puerto Rico”
CÉSAR MIRANDA secretario de Justicia
cienda sus planillas mensuales con recaudos inferiores a los que en realidad cobraban a sus clientes, explicó Alberto Valcárcel, director de la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia.
En el caso del restaurante On the Grill Food Corp, dueños de la franquicia Flamers y cuyo presidente fue identificado como Javier Juelle Abello, no enviaron a Hacienda $740,019 cobrado en IVU, informó Varcárcel.
Mientras, la compañía Bora Bora, Inc., presidida por Oscar Juelle Abello, tampoco remitió a Hacienda unos $530,389 que cobró por concepto de este impuesto.
Los delitos que se imputan en estos casos son por violación al Código de Rentas Internas al no remitir un pago de contribución que había retenido, y al Código Penal por la apropiación ilegal de ese dinero. Estos delitos se cometieron entre 2009 y el 2012.
Los presidentes de ambas corporaciones renunciaron ayer a la celebración de la vista de causa para arresto y la juez Lady Buono le impuso una fianza de $9,000 a cada corporación, la cual fue diferida por la Oficina con Antelación al Juicio, informó Valcárcel.
Estos empresarios se exponen a ocho años de prisión por cada violación al Código de Rentas Internas y una pena fija de 15 años por la violación al Código Penal.
Además, deberán devolver ese dinero al erario. Del mismo modo, cualquier bien que obtuvieron con esos fondos podría ser confiscado, advirtió Varcárcel. La vista preliminar del caso quedó pautada para el próximo 29 de abril.
EVITAN REACCIONAR
Los esfuerzos por conseguir una reacción de los imputados no rindieron frutos ayer.
En las oficinas centrales de la cadena de comida rápida Flamers, en Guaynabo, una empleada de administración que declinó identificarse dijo: “No tenemos ningún comentario”.
Mientras, en la única tienda Bora Bora, que ubica en Plaza Las Américas, una mujer que sólo se identificó como gerente, dijo no tener conocimiento del asunto y no proveyó información de contacto de dueños o administradores que pudieran responder preguntas de este diario.
Hacienda advirtió que habrá acciones contra otros comercios que incurren en prácticas similares.
De hecho, Acosta adelantó que sobre su escritorio tiene otros cinco casos de evasión que estaría revisando antes de referirlos a Justicia, cosa que se propone hacer en los próximos días. “Este año hemos referido alrededor de 12 casos”, subrayó.
En dolares y centavos, esa docena de casos representó para el erario poco más de $8 millones. A eso se suma otro centenar de investigaciones que Hacienda realiza por evasión de impuestos. Mientras, Justicia investiga otra cantidad, que no precisó, de casos similares contra quienes también pudiera estar radicando cargos por evasión.
Estudios de entidades profesionales, como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, estiman que solo el 68% del dinero recaudado por concepto del IVU llega al erario. Hacienda tiene registrado aproximadamente 30,000 negocios que cobran el IVU y durante el año fiscal 2012-13, el recaudo por este impuesto alcanzó $1,175 millones.
Fernando Rosario Feliciano, subsecre- tario auxiliar de Rentas Internas, informó que los esfuerzos para atajar la evasión incluyen desde la contratación de 41 auditores especializados en IVU hasta mejoras al sistema computadorizado.
“Que la gente no piense que el Departamento de Hacienda se va a quedar de brazos cruzados. Toda persona que esta robando que se atenga a la consecuencias”, advirtió.
Mientras, la secretaria de Hacienda informó que ayer le entregaron el borrador del reglamento que utilizarán para divulgar públicamente quiénes son los deudores del IVU, así como de contribuciones sobre ingresos.
El reglamento pasará por un proceso de revisión antes de que los nombres de los evasores finalmente sea divulgado.
Todas esas nuevas estrategias para mejorar la captación y detectar los evasores se unen a la ayuda que brinda la ciudadanía al denunciar, mediante confidencia, los comercios que no remiten el IVU.
No obstante, para el economista Joaquín Villamil, es importante atajar la evasión de este impuesto pero teniendo presente que eso no resolverá la crisis fiscal del país.
“Eso no va a generar una cantidad tan grande que haga una diferencia en los recaudos... No es por ese camino que se va a resolver el tema de los recaudos”, dijo.
Explicó que hay comercios muy pequeños o informales que evaden retribuir este impuesto al gobierno, pero el establecer una ofensiva contra ellos podría no resultar costo efectiva.
Sin embargo, la secretaria de Hacienda dijo que “en el momento en que nos encontramos es cuando tenemos que ser más responsables y enviar las contribuciones”.
Subrayó que no retribuir este dinero, lo que es un delito, redunda en menos fondos para ofrecer servicios. También ocasiona que tengan menos dinero para pagar la deuda que tiene en precario las fianzas del país.
Por su parte, el secretario de Justicia, César R. Miranda, dijo que la radicación de estos cargos debe interpretarse como “un mensaje claro” de que no van a permitir la evasión.
“El dinero con el que se quedan estos comercios no es de ellos, es del pueblo de Puerto Rico y la verdad es que esta práctica constituye un atropello contra los ciudadanos que sí cumplen con su obligación de pagar al Gobierno", dijo Miranda.