Críticas al plan legislativo
Educación no ha planteado el cierre masivo de escuelas
EL CIERRE de escuelas y la congelación de plazas en el Departamento de Educación son opciones que evalúa la agencia para reducir sus gastos, pero no al nivel que fue propuesto por la Legislatura.
El secretario del Departamento de Educación, Rafael Román, indicó ayer que los recortes sugeridos por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, de cerrar 200 escuelas y congelar 7,000 plazas no han sido discutidos con la agencia.
“Eso es un plan legislativo, eso no salió de Educación. Dentro de la configuración del nuevo presupuesto de Educación nosotros tendremos que evaluar todas las opciones para recortar los gastos, pero nosotros haremos una evaluación programática de todas las alternativas”, expresó Román.
“El cierre o la consolidación de escuelas es algo que no descartamos, pero debe salir de un análisis programático que tome en cuenta consideraciones sociales, geográficas, y educativas, no tan solo el impacto económico”, añadió el secretario.
Cada escuela requiere una inversión de entre $1.1 millones y $1.6 millones a la agencia, señaló el funcionario. La mayor parte de estas partidas se deben a nómina, por lo cual el cierre de escuelas no necesariamente producirá ahorros sustanciales pues el personal podría ser trasladado a otro plantel, explicó Román.
En el año escolar 2009-2010, el Departamento de Educación propuso el cierre de 99 escuelas públicas. La cifra bajó luego a 77 debido a que se identificaron planteles que atendrían poblaciones de educación especial o vocacionales que no podían ser cerrados. Más tarde, el entonces secretario Jesús Rivera tuvo que revertir las órdenes de cierre de numerosos planteles debido a que servían comunidades aisladas y el proceso para movilizar sus matrículas era complicado.
“En nuestra administración, lo que tiene que ver con cierre o consolidación de escuelas no se hará solo con el dato de matrícula, también se pensará en la planta física de la escuela, si esos estudiantes van a estar en una planta física mejor de la que tenían. También se evaluará si la escuela donde se moverán tiene un mejor desempeño académico, se evaluará el elemento geográfico... son muchos los factores que estamos tomando en cuenta en ese ejercicio”, indicó Román.
El secretario reconoció que la agencia analiza además la congelación de plazas de personal que renuncie o se retire. Sin embargo, el funcionario cuestionó el número de 7,000 puestos que baraja la Legislatura y solicitó conocer el estudio usado por los legisladores para presentar sus propuestas. La cifra de 7,000 además es similar a los 7,300 empleados docentes que cualifican este semestre para retirarse tras la aprobación de la Ley 160 que reformó el Sistema de Retiro de Maestros, ante lo cual Román destacó que no es viable congelar todas las plazas de los docentes que se retiren, pues dependerá de la necesidad de maestros para el año que viene.
“Aquí no es negociable nada que perjudique a los estudiantes”, sostuvo.
Líderes de organizaciones magisteriales y representantes de los padres de educación especial también tronaron SEGÚN el titular del DE el cierre de planteles o su consolidación debe salir de “un análisis programático que tome en cuenta consideraciones sociales, geográficas, y educativas, no tan solo el impacto económico”. A la izquierda, legisladores durante la sesión del Senado de ayer. contra la propuesta legislativa, pues aseguraron que en Educación no se pueden tomar medidas de recorte fiscal solo a base de números.
Ante la posibilidad de cerrar 200 escuelas, se provocaría una situación de hacinamiento en los salones que atentaría contra la enseñanza individualizada que se exige se le ofrezca a los estudiantes de educación especial, manifestó la portavoz del Comité de Padres de Niños con Impedimentos, Carmen Warren.
Asimismo, existen comunidades tan aisladas en Puerto Rico que proveer transportación a esos estudiantes podría representar un costo más alto que mantener el plantel abierto, indicó la presidenta de Educamos, Eva Ayala.
“Uno pensaría que antes de tocar la educación del país, los legisladores hubiesen eliminado todos esos contratos en el gobierno, todos esos asesores que lo que hacen es desinformar, hubieran buscado maneras para mejorar la captación del IVU. En Educación podrían entregar todas esas oficinas que tienen alquiladas, podrían educar para que se apaguen las luces de noche... Pero me da pena que los segmentos más afectados con las medidas para atender la crisis económica sean los viejos y los niños”, sentenció la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz.