No fiscalizan fondo millonario
Consorcio surcentral no tiene auditor hace más de dos años
EN DOS AÑOS de trabajo, los alcaldes que forman la Junta del Área Local de Desarrollo Laboral (ALDL) Surcentral se reunieron una sola vez y no nombraron un auditor interno que realizara exámenes periódicos en áreas de materialidad y riesgo, según detectó una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) realizada ente enero de 2010 a junio de 2012.
Este Consorcio, constituido por los municipios de Salinas, Coamo, Juana Díaz, Santa Isabel y Naranjito, formalizó un acuerdo para recibir y administrar fondos de la Ley de Adiestramiento para el Empleo. Los alcaldes de esos pueblos componen la Junta de Al- caldes, que presidía Enrique Questell, alcalde de Santa Isabel.
Este ALDL administró en el año fiscal 2009-10 un presupuesto de $7,573,201. Esta cifra contiene una inyección de $3,899,394 aportados por Fondos ARRA. Mientras que en el 2010-11 manejó $3,200,951 y en el 2011-12 tuvo un fondo de $2,944,659.
La auditoría señala que para “administrar eficientemente la asignación de fondos para la inversión de la fuerza trabajadora en su área”, la Junta debió reunirse al menos cada tres meses.
“De enero de 2010 a diciembre de 2011, la Junta de Alcaldes sólo se reunió en una ocasión para discutir el informe de presupuesto y evaluar el Plan de Cesantías, por lo que, a nuestro entender, no ejerció su función administra- tiva y fiscalizadora durante dicho período”, menciona el Informe. Asimismo, los auditores se encontraron con una Unidad de Auditoría Interna inoperante. Desde agosto de 2010, el puesto de auditor interno estaba vacante y a junio de 2012, la Junta de Alcaldes no había hecho ese nombramiento. Esta situación impidió “mantener una fiscalización continua y eficaz de las finanzas y las operaciones”, según se concluye en el Informe.
“Esto, además, propicia un ambiente para la comisión de irregularidades y deficiencias en las operaciones de ambas entidades sin que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades”, añadió la información de auditoría.
De hecho, uno de los principales ha- llazgos fue el pago de $778,285 a 13 proveedores sin que siquiera sus contratos estuviesen registrados en la OCPR. Los pagos se efectuaron entre enero de 2010 a febrero de 2011, pero los contratos se refirieron a la OCPR en febrero y mayo de 2011 y mayo de 2012. “Esto es de seis a 398 días después de efectuarse los pagos”, señala el Informe.
El Informe de auditoría clasificó, además, como un hallazgo especial, el cuestionamiento que se hizo en el estado financiero auditado sobre el desembolso de $56,054 que hizo la ALDL Surcentral por un adiestramiento ofrecido a la policía municipal de Coamo y de Santa Isabel. El Consorcio pagó el costo total del adiestramiento cuando sólo debió reembolsar el 50% del mismo.