Autonomía universitaria y crisis
Hace sólo unos meses muchos en el país estaban convencidos de que uno de los problemas principales de la Universidad de Puerto Rico ha sido la intervención politico-partidista en los asuntos de la institución. El tema figuró prominentemente incluso en la pasada campaña electoral. Este convencimiento afloró inmediatamente durante el simposio sobre las reformas para la UPR que se celebró recientemente en el Recinto Universitario de Mayagüez por iniciativa de su senado académico. Uno de los consensos fundamentales de ese encuentro fue la necesidad de afirmar la autonomía universitaria en todas sus dimensiones.
Tanto así que la declaración final de los asistentes a la actividad recogió la propuesta de trabajar en lo sucesivo por elevar a rango constitucional, de ser posible, la autonomía académica, administrativa y fiscal de la universidad pública. Así de importante consideran muchos universitarios el asunto.
Por eso me ha causado consternación oír expresiones recientes en el sentido de que éstos no son momentos para plantearse la cuestión de la autonomía. Que la prioridad debe ser volcarse hacia la solución de la crisis fiscal y económica por la que atraviesa el País.
Hay aquí un grave malentendido. Por supuesto que la crisis actual requiere la participación de todos los sectores e instituciones de la sociedad. La Universidad no es la excepción. Pero lo que muchos hemos venido afirmando desde hace tiempo es que la universidad pública no puede llevar a cabo eficazmente su misión de servir al país mientras siga sometida a vaivenes partidistas.
La Universidad necesita ser verdaderamente autónoma para formar a las nuevas generaciones de profesionales, diseñar y ejecutar estrategias de investigación, brindar los servicios que la comunidad necesita y contribuir desde una perspectiva crítica e independiente a la búsqueda de soluciones a los problemas de corto y largo plazo del País.
Pero no es sólo que la universidad precise de autonomía. Es que Puerto Rico necesita una universidad pública autónoma para que pueda servirle bien, libre de presiones externas indebidas que minan sus recursos, vulneran su estabilidad, interrumpen su desarrollo, generan desconfianza y producen fricciones innecesarias al interior de la institución y entre ésta y los poderes públicos. Ahora más que nunca los diversos sectores políticos deben comprometerse con un pacto social que garantice la operación autónoma de ese recurso valioso que constituye la Universidad de Puerto Rico. Ahora más que antes los universitarios debemos insistir en ese principio cardinal. Eso incluye a los funcionarios de la institución de todos los niveles.
La propuesta de que, debido a la crisis, los universitarios dejemos de lado reivindicaciones históricas que van al corazón mismo de la identidad de la institución y de su relación con el estado y el pueblo, parece reproducirse en otros ámbitos. Percibo la tendencia a tomar la crisis como excusa irreflexiva para soslayar temas que no deben esperar a que el estado cuadre su presupuesto.
Por ejemplo, ni el acceso a la justicia de los más pobres, ni aumentar la transparencia en el Gobierno, ni la protección debida a las víctimas de abuso sexual y de la violencia de género, ni la atención a los niños con necesidades especiales, ni la seguridad en las calles y en los hogares, por mencionar sólo algunos asuntos, tienen que esperar a que se resuelva la crisis.
Hay que hacer sacrificios, sí. Pero una cosa es renunciar a comodidades y quizás a determinados niveles de ingreso y muy otra, sacrificar el respeto debido a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales o la aspiración de labrar una comunidad más libre y equitativa. La crisis, en todo caso, debe servir de acicate para redoblar esfuerzos en todos esos sentidos.
En el caso de la Universidad, no veo por qué hay que renunciar al reclamo de autonomía ni en estos momentos ni en el futuro. Si queremos que haya autonomía cuando se supere la crisis, hay que trabajarla desde ahora.