LO QUE DICE EL PROYECTO

Política pública—

Se cambia el organismo responsable de trazar los planes y la política pública energética que actualmente está en manos de la Administración de Asuntos Energéticos.

Privatización—

El proyecto deja la puerta abierta para que si la AEE no cumple con unos criterios ambientales y de eficiencia, se abra el proceso a la producción por entidades privadas.

Incentivos—

Se altera el beneficio que los ayuntamientos reciben de la AEE para promover ahorros en el consumo.

Protección consumidor—

Se crearía una oficina que se encargará de atender las objeciones ciudadanas en las facturas, entre otras cosas.

Participación—

Se establecen proceso para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones de la AEE.

UNIÓN DE IDEAS.

El proyecto incluyó, según el liderato legislativo, varias recomendaciones de los deponentes. Por ejemplo, se incluyeron recomendaciones de la UTIER sobre los deberes de fiducia de la Junta de Gobierno y la comunicación que debe mantener ese organismo con los empleados, además de comentarios de la organización AARP para crear la que sería la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, y de la Federación de Alcaldes, acerca de los subsidios que benefician los municipios.

Sobre ese último punto, Bhatia precisó que el proyecto establece un tope al beneficio que reciben los ayuntamientos a cambio de eximir del pago de impuestos a las instalaciones de la AEE, y dijo que se les obliga a reducir en tres años su consumo energético en 15%.

Los reporteros Antonio Gómez y Gloria Ruiz Kuilan colaboraron en esta historia.