El crimen y la salud mental
Los medios vienen comentando sobre el pobre manejo de personas arrestadas con problemas de salud mental. Algunas autoridades señalan que el problema es bien conocido y que lo causa la carencia de peritos para evaluar al acusado. Otros, señalan que ya el sistema de tribunales y de justicia tienen a especialistas de la conducta humana y los procesos judiciales requeridos para el manejo de estas personas.
Desde hace más de 14 años en el mundo desarrollado, particularmente en Canadá, Europa y Estados Unidos, se está trabajando con un modelo que se llama “evidence-based practice”. Este modelo señala que la evidencia empírica, o sea, la ciencia unida a la experiencia profesional y a las personas que se le sirve, produce mejores resultados en el manejo de personas con conducta criminal.
El sistema correccional ha utilizado herramientas de evaluación que son de manejo simple, donde no se necesita de un perito que cobre grandes sumas de dinero. Estas herramientas de evaluación proveen resultados fáciles de interpretar que les indica a los administradores los servicios que se les debe ofrecer al individuo y el riesgo a la seguridad pública. Por ejemplo, los tribunales de Estados Unidos utilizan la herramienta de evaluación “federal post conviction risk assessment” y el sistema correccional de Puerto Rico usa el “level of service inventory-revised”.
Entonces, si estas herramientas existen, están validadas y ya se utilizan, el problema no es la evaluación y determinación de las necesidades y riesgos que representa un individuo arrestado con problemas de salud mental. El problema parece estar en la estructura organizacional y los niveles de liderazgo. En Puerto Rico tenemos que resolver un conflicto enorme que hay en la comunicación interagencial y en la automatización de las organizaciones.
Aquí la situación problemática parece estar en que la organización que arrestó junto a la Oficina Previa al Juicio, tienen que tener, como parte de su componente, un sistema efectivo de evaluación inicial y de tratamiento junto a un sistema automatizado entrelazado con el de los tribunales, del sistema de corrección y del NCIC nacional.
Ya todo esto existe de forma fragmentada. El resultado es que la Policía y los agentes de seguridad y correccionales desconocen lo que el otro está haciendo o ha hecho con las personas que tienen problemas de salud mental o adicción a drogas. O sea, a todas luces parece que tenemos un sistema de seguridad disfuncional, aunque que tiene salvación.