Abogan por la comisión reguladora
CNE la presenta como la espina dorsal de la reforma energética propuesta
En momentos en que un insólito juego político amenaza con echar por la borda la reforma energética, cobra auge la idea de contar con una junta, comisión o ente regulador externo que fiscalice no solo a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sino a toda esa industria en el País, a los fines de lograr la equidad tarifaria, una mayor eficiencia y confiabilidad en el servicio, y la implementación políticas públicas coherentes.
La propuesta para el establecimiento de esa junta, comisión o ente regulador externo está sobre la mesa desde hace ocho años, cuando el Centro para una Nueva Economía (CNE) la lanzó al analizar el impacto del alto costo energético en las compañías que querían establecerse aquí. Poco tiempo después el análisis abarcó la perspectiva del consumidor.
A su manera, los proyectos presentados por el Ejecutivo y el Legislativo contemplan la creación de ese organismo. El gobernador Alejandro García Padilla la bautizó Comisión de Energía y Telecomunicaciones de Puerto Rico; el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, la llamó Comisión Reguladora y Fiscalizadora de Energía de Puerto Rico; y el representante Javier Aponte Dalmau la nombró Junta Reguladora de Utilidades Públicas.
De las tres, el CNE entiende que la propuesta del Senado se ajusta más a su concepto: una junta que entre sus funciones incluya desarrollar la es- tructura tarifaria de los servicios de electricidad, supervisar las subastas y procesos de compra de energía, y establecer parámetros uniformes de interconexión al sistema.
“Una de las maneras de poner en cintura a la AEE es con un ente regulador externo. La AEE es un monopolio autorregulado. Hace falta una reforma o de lo contrario, las cosas se pondrán peor”, dijo ayer el presidente del CNE, Miguel Soto Class, ante la Junta Editorial de El Nuevo Día. CON GARRAS. Tras precisar que entes reguladores como el propuesto existen en 135 países, el director de política pública del CNE, Sergio Marxuach, indicó que estos organismos son “cruciales” para proteger el interés público, por lo que necesitan “garras reales” (poderes judiciales) para llevar a cabo sus funciones de supervisión y fiscalización.
“No puede ser algo cosmético. Además de la autoridad legal, esta junta reguladora necesita peritaje: ingenieros, abogados y economistas, es decir, todo un grupo de trabajo que le pueda decir a la AEE qué cosas hacen sentido y cuáles no”, declaró.
Según Marxuach, de existir la junta reguladora los 1.5 millones de clientes de la AEE recibirían tarifas “justas y razonables”, pues no esconderían cargos que poco o nada tienen que ver con el servicio eléctrico. En la actualidad, la AEE recobra sus pérdidas, incluyendo el hurto de luz, a través de cargos incluidos en las incomprensibles fórmulas de ajuste por compra de combustible y de energía.
Destacó, además, que el proyecto del Senado dispone la creación de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que constituiría una “segunda capa de fiscalización”.
Sobre la posibilidad de abrir a competencia la generación eléctrica -como también contempla el proyecto del Senado-, Marxuach recalcó que la junta reguladora “establecería controles” para permitir la integración ordenada de nuevos productores.
“De lo contrario sería como un aeropuerto sin torre de control”, dijo, al resaltar que esa falta de orden quedó evidenciada en el otorgamiento durante el pasado cuatrienio de 63 contratos de energía renovable. MIEDO AL CAMBIO. Soto Class, Marxuach y Deepak Lamba, director de investigaciones del CNE, coincidieron en que los tropiezos que ha enfrentado la reforma energética responden a que “intereses muy concretos” obstaculizan la transformación, pues cada uno se beneficia del statu quo. Esos grupos de interés incluyen, por ejemplo, a suplidores, empresarios de petróleo, beneficiarios de subsidios, empleados, bonistas y sus banqueros, y los mismos partidos políticos.
“El obstáculo más grande aquí es la resistencia y el miedo al cambio de estos grupos de interés, y es un asunto que no se ha tocado. No tengo la menor duda de que hay intereses en cada grupo que nada tienen que ver con política pública”, dijo Soto Class.
Los tres ejecutivos del CNE también comentaron que la precaria situación económica de la AEE, en la que sus obligaciones exceden sus activos, hace patente la creación de la junta, comisión o ente regulador externo.
De acuerdo con el official statement de la más reciente emisión de bonos de la AEE en agosto de 2013, el principal de su deuda sumaba $9,287 millones, incluyendo $8,526 millones en bonos, $744 millones en líneas de crédito, y $16 millones en préstamos.
Marxuach recalcó que la junta reguladora tomaría en cuenta el servicio de la deuda como uno de los costos fijos de la AEE a la hora de determinar las tarifas, aparte de que tendría autoridad legal para forzar a la corporación pública a reducir sus costos operacionales. “El modelo actual ya no es sostenible”, dijo. TODO EL MERCADO. Los tres entrevistados acentuaron como una de las “mayores virtudes” del propuesto ente externo el hecho de que fiscalizaría no solo a la AEE, sino a todo el mercado eléctrico en la Isla.
Hoy día, la Junta de Gobierno de la AEE timonea tanto a la corporación pública como al mercado de la elec- tricidad, agenciándose incluso el desarrollo de la política pública energética del País, lo que resulta en un serio conflicto de intereses.
El proyecto del Senado crearía la Oficina Estatal de Política Pública Energética. La junta, comisión o ente regulador externo velaría por su implementación y cumplimiento,