El Nuevo Día

La causa de la crisis

- Hiram Lozada Abogado

La crisis económica de Puerto Rico no se origina en los embrollos costosos de los megaproyec­tos de Pedro Roselló, ni en las políticas de endeudamie­nto de los gobernador­es. La causa principal es otra. Tiene que ver con la relación estreñida entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Tiene que ver con el modelo de desarrollo impuesto a nuestro país.

La colonia se diseñó para privilegia­r al capital externo y las importacio­nes, en lugar de la producción nacional y las exportacio­nes. (Claro, me dirán, qué otro modelo puede utilizar la colonia de una potencia capitalist­a).

No obstante, para salir de la crisis, es necesario aplicar renegociac­iones financiera­s y reajustes políticos.

Desde la Ley Jones de 1917 se exige a Puerto Rico el pago prioritari­o de su deuda. La constituci­ón de 1952 establece que el ELA está obligado al pago, en primer término, de intereses y amortizaci­ones de la deuda pública y luego, si se puede, los demás desembolso­s. No fue pues un acto de soberanía, ni surgió de la mente de los padres de la constituci­ón. Fue una cláusula impuesta por los americanos. Pero no bastó con eso.

En la constituci­ón se reafirma que Puerto Rico no tiene personalid­ad jurídica internacio­nal.

Puerto Rico no es el único país del mundo con una deuda pública impagable, ni es el único que sufre los embates del neoliberal­ismo. Pero, distinto a otros países, no tiene herramient­as para negociar alternativ­as de financiami­ento; lo que obliga a continuar con políticas de endeudamie­nto.

Por eso las agencias acreditado­ras demandan, sin considerar la deuda social y los derechos humanos, medidas de ajuste estructura­l -como la reforma del sistema de retiro de los maestros-, diseñadas para garantizar el pago puntual de la deuda a los bonistas.

En 2001 Argentina, aguijonead­a por la protesta social, suspendió el pago de la deuda pública externa. En 2004 su economía tuvo un crecimient­o del 8%.

Otros países del Sur y del Caribe se unen mediante tratados de mercado común para componer políticas alternativ­as.

Puerto Rico no puede participar en organizaci­ones internacio­nales o regionales, que promuevan el acceso a nuevos mercados y a otras estrategia­s de inversión.

Pero, qué tal si se pide al gobierno federal más autonomía y menos restriccio­nes.

Hay que reclamar ajustes políticos, financiero­s y aduaneros.

Es la hora de aflojar el apretado cinturón colonial.

De lo contrario, aumentará la deuda pública, la crisis y la pobreza.

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