Reforma que impulse la transformación energética

Los grandes desafíos sociales, económicos y fiscales imponen a Puerto Rico la urgencia de una transformación energética, que traiga consigo la reforma integral de la Autoridad de Energía Eléctrica, impulse la energía limpia y reduzca gradualmente hasta ni

Por eso, siendo esta la expectativa general para el ambiente y para el bolsillo del consumidor, entendemos que la versión modificada de la reforma energética en la que concurrieron y aprobaron tanto la Cámara de Representantes como el Senado es un paso de avance, pero que todavía se queda muy lejos de las reformas que necesita la actual estructura pública, la AEE, y el País para reducir los costos de energía.

La creación de la Comisión de Energía como ente regulador y fiscalizador independiente de la AEE es un buen esfuerzo. Estaría por verse, sin embargo, la efectividad de otras tres estructuras burocráticas en la tarea de redirigir hacia la eficiencia todo el componente energético del País.

Pues son muchos los problemas de carácter estructural de la AEE y resolverlos requerirá cambios radicales. La dependencia excesiva, del orden del 69%, en el petróleo como insumo de producción de energía es uno de esos complejos desafíos. El desembolso en los últimos 11 años de casi $23,000 millones en compra de combustible y materiales, dramatiza esa dependencia.

A su vez, la corporación arroja también altos costos de energía que sacan a Puerto Rico del mercado, con el kilovatio/hora en 29 centavos. Sufre asimismo la AEE un alto nivel de endeudamiento, una desastrosa ineficiencia operacional y una estrepitosa caída de los ingresos.

Los altos salarios y el nepotismo son otros síntomas graves de la falta de transparencia administrativa y de un partidismo endémico que permite y estimula compensaciones que exceden la capacidad financiera de la AEE, la cual arrastra igualmente un exceso de subsidios a actividades no productivas que le cuestan cerca de $350 millones anuales a los contribuyentes.

De ahí que la creación de un ente regulatorio fuerte, con garras, es esencial para fiscalizar al monopolio y forzarlo a que en un periodo no menor de tres años a partir de la aprobación de la reforma la producción de energía con combustibles fósiles se reduzca en 60%; y, en ese mismo orden, se enfatice en las fuentes de energía renovable.

La versión de reforma que ahora aprueban ambos cuerpos habla de cambiar la forma en que los municipios deberán pagar por el consumo de energía, estableciendo un tope máximo de la aportación en lugar de impuestos a los municipios. Nos parece que aún así, esta concesión sigue siendo muy generosa para los municipios y onerosa para las metas de saneamiento financiero de la Autoridad.

Finalmente, el esquema de revisión de tarifas propuesto en la reforma enmendada, aunque necesaria, no establece metas claras, ni especifica cuáles son las áreas en las que se reducirán gastos, ni la magnitud de los recortes para poder bajar las tarifas. Esta reforma se queda corta en la medida en que deja la estructura corporativa intacta. La producción de energía seguirá en manos únicamente del monopolio, por lo que nos preguntamos, ¿cómo la Autoridad financiará la infraestructura necesaria para producir de forma más costo-eficiente? Todos los análisis indican que la forma de abaratar los costos de producción es mediante la cogeneración, abriendo el mercado a la libre competencia con énfasis en los proyectos de energía renovable.

Bajo este modelo la empresa privada puede financiar el desarrollo de nuevas plantas y posicionar el gas natural como vía hacia la baja de los costos de energía en el corto plazo y, estratégicamente, como transición a la energía limpia y a la recuperación económica.

Mientras el monopolio mantenga su actual estructura de gastos e ineficiencia, estas reformas livianas no permitirán que el costo-kilovatio hora baje, lo que provocará más cierre de fábricas y negocios y más contracción económica en el País.