Pesquisa legislativa al reintegro de Doral
Indagarán el acuerdo contributivo y el rol que tuvo el extitular de Hacienda
El presidente de la Comisión cameral de Seguridad Pública y Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y Corrupción, José L. Báez Rivera , investigará el acuerdo contributivo mediante el cual el Gobierno se comprometió a dar un reintegro de $232 millones a Doral Financial Corp. (NYSE:DRL)
Báez Rivera sostuvo que indagará el acuerdo que se suscribió bajo la administración de Luis Fortuño, pero también aquel que permitió a Doral reconocer unos $889.7 millones en tajadas de intereses (IOs, por sus siglas en inglés) como un activo a amortizarse por 15 años. El primer acuerdo se firmó en 2006, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá.
Según Báez Rivera, el alcance del acuerdo contributivo con Doral resulta atípico tanto por la cuantía como por el tipo de arreglo que se negoció. “Esto es como si uno, en lugar de reclamar la deducción de los hijos, le pudiera pedir a Hacienda que pague el dinero equivalente a la deducción”.
El legislador manifestó que también indagará si el ex secretario de Hacienda, Jesús F. Méndez, incurrió en un conflicto de interés al emplearse como vicepresidente de operaciones de Doral Bank en Puerto Rico unos ocho meses después de la firma del acuerdo que fue declarado nulo la semana pasada por Hacienda.
Según Báez Rivera, tras su designación, Méndez recibió unas 75,000 acciones de Doral, lo que a razón de $14.20 implicaría una compensación de más de $1 millón.
Ayer, Doral indicó en declaraciones escritas que Méndez no participó en las negociaciones de 2012, las que abarcan más de 10 años de acuerdos. Según Hacienda, el acuerdo es nulo porque parte de premisas falsas, pues Doral no pagó impuestos en exceso como alega.
En tanto, Báez Rivera indicó que urge entender por qué el Gobierno reconoció el millonario beneficio contributivo, luego de que diversas investigaciones civiles y criminales imputaran que medió fraude por parte de Doral al calcular los IOs.
“No había dinero para los empleados públicos, pero sí para dádivas”, agregó Báez Rivera al manifestar que en 2009 se puso en moratoria el acuerdo, mientras también se ponderaba la posibilidad de despedir empleados públicos.
Entonces, Fortuño aprobó una ley de emergencia fiscal que congeló todos los créditos contributivos.
El legislador sostuvo que hoy comenzará a requerir información a agencias de gobierno y reguladores bancarios tanto a nivel local como federal para dar inicio formal a la pesquisa.