Laberinto de contrataciones
AEE otorgó contratos a dudosos suplidores y clasificó erróneamente los contratos de energía renovable
Aunque el proceso para la compra de combustible que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es uno altamente burocrático en el que intervienen varias divisiones de la corporación, su estructura no ha impedido la falta de rigor en la adjudicación de contratos a empresas sin capacidad financiera que, como mínimo, provocaron que la AEE pusiera en peligro sus abastos.
Tanto el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea Flores, como Juan Rosario y Agustín Irizarry, quienes representan al consumidor en la Junta de Gobierno, en entrevistas separadas aludieron a ese organigrama administrativo como la primera protección de la corporación pública frente al fraude en la compra de petróleo.
“Los procesos de (compra de) combustible aquí tienen bastantes formas de fiscalización. Esos procesos (de manejo combustible), que están diseñados desde el inicio, tienen varios funcionarios que intervienen”, dijo Alicea Flores.
Irizarry, por su parte, presentó a El Nuevo Día una compleja estructura administrativa que detalla las divisiones que intervienen en el proceso de compra y validación del producto más importante y costoso de esta entidad.
Según ese organigrama, el proceso se inicia en la Oficina de Combustible (OC), que se encarga de redactar las especificaciones del combustible a comprar.
Pormenorizada esa orden de compra, la división de Suministros invita y celebra la subasta. Luego, el Directorado de Asuntos Jurídicos y la OC preparan las evaluaciones legales y técnicas de las propuestas. Entonces, el Comité de Subastas adjudica la subasta y la división de Suministros notifica.
Finalmente, el director ejecutivo firma el contrato que previamente ha sido revisado otra vez por el Directorado de Asuntos Jurídicos. POBRE INVESTIGACIÓN. Luego de tanta presunta revisión y previsión, resulta casi inverosímil que en menos de un año se adjudicaran contratos a dos compañías que fracasaron en cumplir con las estipulaciones del contrato por problemas de financiamiento y cuyos orígenes debieron, al menos, levantar suspicacias sobre su capacidad económica.
El incumplimiento permitía, sin embargo, mantener una situación de alerta sobre el suministro que facilitaba la compra de petróleo sin subastas con el riesgo de que ante la urgencia se incurriera en comprar a un precio mayor que el pactado con el licitador original.
A inicios de marzo de 2010, la “central Costa Sur permanece sin contrato cuando luego de celebrar una subasta, el licitador seleccionado Petrolero del Sur Oil, Inc. no completó todos los requisitos del contrato, por lo que se revocó su adjudicación”, sostiene un memorando que el administrador de la OC, William Clark, envió al entonces director ejecutivo, Miguel Cordero, por conducto de su supervisor, Josué A. Colón, director de Generación, Transmisión y Supervisión.
La adjudicación de la subasta a Petrolero del Sur fue a principios de verano de 2009, poco después de su registro en el Departamento de Estado el 2 de junio de 2009, según confirmó su presidente, Edgardo Rodríguez Correa.
No obstante, al 31 de diciembre de 2009 esa empresa ya estaba inactiva y no reportaba ni activos ni pasivos en el estado financiero sometido al Departamento de Estado. Sus incorporadores fueron Rodríguez Correa, Nilsa Morales y Leonardo Rivera.
El Nuevo Día solicitó a la AEE los documentos relacionados con la adjudicación de esta subasta y revocación. No obstante, al cierre de esta edi- ción no habían sido entregados.
Rodríguez Correa señaló que tuvieron problemas para el financiamiento y que les afectó que la AEE demorara hasta octubre para firmarles el contrato. Para ese entonces la oferta de petróleo que tenían en Rusia cambió a una más costosa, aseveró.
El empresario mencionó que fue la única vez que se “embarcaba en esa aventura” de comprar combustible “pero no nos fue nada bien”. Dijo que lo hizo cuando decayó la industria de la construcción, que era su negocio principal. ADIÓS A LA SUBASTA. Amparado en esa revocación a Petrolero y escudado en los daños que el fuego en Capeco presuntamente provocó en tanques y líneas de transferencia, Cordero acogió la recomendación de Clark, para la compra de cuatro millones de barriles de combustible residual sin la celebración de subasta a una compañía a la que según se desprende de los registros del Contralor era la primera vez que se contrataba.
El 12 de marzo de 2010 la AEE contrató por $300 millones a Quality Business Enterprises Oil (Qube Oil). El 28 de abril la negociación se canceló según documentos de la AEE.
Qube Oil, que se registró en el Departamento de Estado dos días antes que la AEE la contratara, incumplió con la entrega por problemas con sus líneas de financiamiento.
“Conforme con el inciso C, Artículo V, del contrato, de ser necesario recurrir a comprar a otra compañía todo costo adicional al combustible adquirido por la AEE en exceso del precio acordado entre las partes debe ser reembolsado por Qube Oil”, señala un documento de la AEE. No obstante, ni siquiera se había recibido la fianza de cumplimiento. Si se incurrió en gastos adicionales al contratar con otro proveedor, la Autoridad no tuvo manera de cobrárselo a Qube como disponía ese contrato.
Ayer la AEE no había contestado si este incumplimiento llevó a la compra de combustible a precios más altos ni a quién se le compró. Del registro de contratos de la Oficina del Contralor se desprende que entre junio de 2009 a julio de 2010 se hicieron compras a Champion Petroleum, PetroWest, Shell Trading y Peerless Oil por más de $2,000 millones. EXTRAÑA CLASIFICACIÓN. Los contratos otorgados a empresas de energía renovable están en la mirilla del comité de auditoría de la Junta de la AEE ante la sospecha de que en esta área también se encuentren decenas de empresas sin la capacidad económica para desarrollar los proyectos que los convertirían en proveedores de energía para la corporación pública.
Entre el 2009 al 2012, la AEE otorgó contratos que sumaron $17,700 millones en el renglón de compra de materiales y combustible, según el registro del Contralor.
A partir del 2011, la AEE incluyó en este renglón a las empresas de energía renovable. De ahí que la cifra en esta categoría se elevara sin que necesariamente reflejara el gasto invertido en compra de combustible. La AEE no pudo explicar la irregular clasificación. El gasto en compra de combustible en el pasado cuatrienio fue de $9,803 millones.