San Juan abre investigación
Legislatura Municipal inició vistas públicas para ventilar los pormenores de la venta del predio Ramallo International Transacción de $55 millones contribuyó al aprieto fiscal del ayuntamiento y protegió a la empresa de la insolvencia
La Legislatura Municipal de San Juan inició una investigación sobre la compra que hizo el ayuntamiento del Ramallo International Center por $55 millones y el posterior arrendamiento del edificio a esa misma empresa sin que mediara una subasta pública.
La multimillonaria transacción incidió en el escenario de aprieto fiscal en el que se encuentra la municipalidad ante la falta de pago de las empresas Ramallo Bros. Printing, Inc., según trascendió en las vistas públicas en las que se pretende dilucidar todos los detalles de la compraventa.
Una comisión conjunta de la Legislatura Municipal, presidida por Marco Rigau, indaga las razones que tuvo el entonces alcalde Jorge Santini para adquirir un predio en el que, desde la compra hasta hoy, no ha existido ninguna operación municipal.
Al momento, ha declarado ante la Legislatura el exdirector de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio, Juan Morales Vallellanes. Hay una próxima vista pautada para el 27 de mayo.
Las circunstancias en que se dio la transacción que salvó a Ramallo de la insolvencia, cuando enfrentaba una deuda que rondaba los $56 millones con FirstBank, toman mayor relevancia ahora que la empresa radicó una quiebra y le adeuda al ayuntamiento, según las reclamaciones del Municipio, $2 millones en rentas.
Este escenario pareció no ser previsto por los funcionarios municipales que, en 2010, defendieron la transacción ante la Legislatura Municipal, de acuerdo con las transcripciones de sus testimonios a las que tuvo acceso este diario.
En las vistas actuales se han discutido aspectos que fueron considerados por la asamblea al momento de evaluar la transacción. COSTOSO RESCATE. En una vista del 1 de noviembre de 2010, Francisco Peña Montañez, quien fungía como subdirector ejecutivo de Servicios Generales y director de Finanzas interino, aseguró que el contrato de arrendamiento con Ramallo contenía las garantías necesarias para que el Municipio contara con un pago de renta por los 10 años que duraba ese acuerdo para así poder amortizar la deuda que contrajo para comprar la propiedad.
Peña Montañez dijo ese día que la única forma en que preveía que Ramallo podía dejar de pagar sus mensualidades era si se declaraba en bancarrota, pero a renglón seguido advirtió que esa circunstancia parecía improbable puesto que la compraventa del Ramallo International Center surgió precisamente para evitarlo.
“La economía que va a tener esta empresa (Ramallo)... le va a poder permitir cumplir con la renta que está para nosotros y para continuar sus operaciones”, indicó Peña Montañez ante preguntas de Rigau, entonces legislador de minoría.
En efecto, con la venta del Ramallo International Center y el cambio de propietario a inquilino, la corporación vio una reducción sustancial en los pagos que debía hacer para mantener su operación en el mismo lugar.
Antes de vender, Ramallo debía pa- gar mensualmente a FirstBank $320,000, mientras que, como arrendatario, tiene una mensualidad con el Municipio que ronda los $200,000.
A pesar de lo que auguró Peña Montañez, Ramallo solo pagó su mensualidad entre enero de 2011 y abril de 2012 aunque sigue ocupando el edificio, y, el 14 de marzo de este año radicó una quiebra bajo el Capítulo 11 de reorganización.
A través de una confusa declaración en la vista pública, Peña Montañez consideró como garantía de cumplimiento con el contrato las dificultades que tendría Ramallo para mudar su imprenta del edificio.
“La operación de Ramallo no se puede mover de una manera tan sencilla y tan simple. De hecho, ellos mismos nos están condicionando que, si por alguna razón tuvieran que salir o disponer de su equipo, les tendríamos que... Ellos nos están garantizando que le diéramos tres años para poder así hacerlo dentro del contrato”, dijo el exfuncionario.
En esa audiencia, la Legislatura Municipal aprobó la ordenanza que autorizaba al Münicipio a emitir bonos de rentas por $55 millones. Votaron en contra Rigau, Isis Sánchez Longo y Ángel Noel Rivera.
Si algo parecen haber tenido claro los funcionarios del gobierno de Santini en su defensa de la compra de la sede de Ramallo era a quiénes beneficiaría la compraventa.
“Esta transacción le va a permitir a la empresa privada poder reestructurar sus operaciones, poder mejorar su posición financiera y poder garantizar el que siga solvente, que siga en operaciones y cumplir con sus otras res- ponsabilidades contributivas con el Municipio”, indicó Peña Montañez en su ponencia ante la Legislatura.
“También le estamos brindando una ayuda a la banca para que sea un gestor importante en el desarrollo económico de San Juan porque puede proveer una estructura de financiamiento mucho más ágil y flexible, en este caso, al Municipio de San Juan”, agregó el exfuncionario, que trabajó por más de 10 años en el ayuntamiento durante la incumbencia de Santini.
ENREDO CONTRACTUAL. Por otra parte, en las vistas de entonces, Manuel Piñeiro Caballero, que dirigía la Oficina de Gerencia y Presupuesto, defendió la propuesta del alcalde argumentando que la renta que pagaría Ramallo, sumada al canon de arrendamiento que la farmacéutica Bayer ya le pagaba a Ramallo por concepto de alquiler, aseguraban que el Municipio tendría cubiertas sus obligaciones.
“La renta de ambas empresas va a ser suficiente para poder aportar al pago del bono de renta por los primeros años”, indicó.
Sin embargo, según un litigio que se ventila en el Tribunal de San Juan, Ramallo siguió percibiendo renta por parte de Bayer aun después de vender la propiedad al ayuntamiento. Este asunto no ha sido mencionado en el transcurso de las actuales vistas.
DISTINTO A LO PLANEADO. En diciembre de 2012, Bayer le informó al Municipio que dejaría el edificio.
La propiedad estuvo vacía por casi un año y, en octubre de 2013, la Legislatura Municipal de mayoría popular aprobó una ordenanza para arrendar el espacio a una empacadora alemana especializada en productos de biociencia. Para ese contrato, tampoco medió una subasta pública.
Según la ordenanza de 2010 que autorizó la emisión de bonos para la compra del predio a Ramallo, el Municipio usaría los pagos de renta únicamente para amortizar esa deuda. En caso de que ese dinero no fuera suficiente para cubrir el monto mensual de las obligaciones por los bonos, se autorizaba al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a retenerle al Municipio la cantidad necesaria para completar el pago.
Esto significó que, entre enero y octubre de 2013, el ayuntamiento no recibió las retenciones del CRIM equivalentes al alquiler que dejó de percibir con la salida de Bayer.
Esas retenciones del dinero de los contribuyentes de la capital, a diferencia del alquiler de las propiedades en Ramallo International Center, sí pueden utilizarse para proyectos municipales que tengan repercusión en la vida de los sanjuaneros. SE REPITE LA HISTORIA. En la ordenanza para aprobar el alquiler sin subasta, la Legislatura Municipal asegura que fue difícil encontrar un inquilino para el edificio que dejó Bayer porque estaba estructurado según las necesidades de la farmacéutica.
“El edificio existente… fue diseñado en su inicio de acuerdo a las especificaciones de Bayer, por lo cual tiene características de interés para un grupo limitado de inquilinos institucionales. Tal cualidad la hace una propiedad de difícil arrendamiento”, asegura la ordenanza.
El legislador municipal de la minoría independentista Adrián González criticó que la actual Legislatura Municipal repitiera la estrategia de su predecesora por considerar que obviar el proceso de subasta pone en peligro los mejores intereses de los ciudadanos de San Juan.
“En ese caso, se justificó el no celebrar subasta porque nadie ofrecía lo que (Rondo-Pak) ofrecía. ¿Cómo (lo saben?”, cuestionó González.
La ordenanza que autorizó este nuevo arrendamiento sin subasta recibió el voto a favor de la delegación popular, excepto el de Rigau, quien se abstuvo.
González votó en contra, así como las legisladoras novoprogresistas Vallés y Sara de la Vega, quienes en 2010 favorecieron la compraventa del Ramallo International Center y de arrendar a Ramallo Bros. Printing, Inc. el edificio en que operaban sin subasta.
De acuerdo con el Informe Final del Comité de Transición Entrante del Municipio, la compra de los predios en los que aún hoy Ramallo mantiene sus operaciones principales significó para el ayuntamiento el mayor endeudamiento en el pasado cuatrienio.
“El aumento más significativo durante el 2011 fue ocasionado por el bono de renta de $55.1 millones. Este es el préstamo que se tomó para comprar (el predio donde ubica Ramallo)”, indica el documento.