En duda legalidad de los contratos
Ramallo Bros. Printing y su principal ejecutivo fueron convictos por delitos graves antes de firmar acuerdos
Que el Municipio de San Juan (MSJ) haya firmado contratos, uno de compraventa y otro de arrendamiento, con una compañía y un empresario convictos por diversos delitos está bajo la mira de la actual Legislatura Municipal de la capital.
La presidenta de ese cuerpo, Yolanda Zayas, cuestionó durante una reciente vista pública al exdirector de la Oficina de Asuntos Legales del MSJ, Juan Morales Vallellanes, cómo aprobó en 2010 las transacciones que involucraron al MSJ con la empresa Ramallo Bros. Printing, Inc., cuando esa corporación y su principal oficial ejecutivo, Ángel Ramallo Díaz, han resultado convictos por lavado de dinero y delitos ambientales.
Ramallo Díaz se declaró culpable en 2007 por un cargo de lavado de dinero y otro por malversación de fondos de un seguro médico relacionados con su participación en un fraude millonario al plan de salud de la Unión de Trabajadores de Muelles.
Ramallo Díaz, además, se declaró culpable ese mismo año por violaciones a la Ley federal de Aguas Limpias, o Clear Water Act, por unas descargas de contaminantes en el mismo predio de la carretera PR-1 que compró el MSJ tres años después.
Además de Ramallo Díaz, la corporación Ramallo Bros. Printing, Inc., que él maneja junto a su familia, también se declaró culpable por mentir a la Agencia federal de Protección Ambiental y a la Junta de Calidad Ambiental cuando las dependencias inquirieron sobre si Ramallo depositaba basura y otros contaminantes de forma ilegal en una finca en Canóvanas por donde pasa una quebrada afluente del Río Grande de Loíza.
Morales Vallellanes aseguró que la viablidad del contrato con Ramallo por sus pasadas convicciones no se evaluó en su oficina, sino que el MSJ contrató al bufete Mercado & Soto pa- ra que determinara si las prohibiciones para que cualquier entidad gubernamental contrate con un convicto aplicaban en esta transacción, aprobada en noviembre de 2010.
“¿Usted cree que esto era lo suficientemente serio para solicitar análisis a un bufete privado, pero no... una opinión al Secretario de Justicia?”, increpó Zayas a Morales Vallellanes, quien ahora ocupa la dirección auxiliar de Asuntos Legales.
Morales Vallellanes defendió el criterio del bufete externo y citó la Ley 458 de 2000 para asegurar que la prohibición que establece no es total, sino que aplica a ciertos tipos de delito.
En una carta circular de 2009, el secretario de Justicia Antonio Sagardía aclaró que, de acuerdo con las leyes aplicables, ninguna entidad gubernamental podrá contratar con una persona natural o jurídica acusada o convicta de delitos contra el erario, la fe o la función pública.
“Una compañía que estaba al borde de una quiebra legal, en una quiebra de facto, fue
salvada por el Municipio de San
Juan”
MARCO RIGAU
Legislador municipal