La puerta giratoria del cabildeo
En momentos en que crece esa práctica, la transparencia y los controles son mínimos
WASHINGTON.- Desde antes de dejar La Fortaleza, Luis Fortuño tenía trabajo asegurado en Washington, D.C.: socio del bufete legal y de cabildeo Steptoe & Johnson, que tuvo contratos con su gobierno que sumaron cerca de $23 millones.
Nueve meses después de salir de la gobernación, Aníbal Acevedo Vilá estableció su empresa Optim Group, que hace tareas de cabildeo, relaciones de gobierno y comunicaciones.
Los casos de los dos pasados gober- nadores acentúan cómo se arraiga en San Juan la puerta giratoria que ha simbolizado a Washington: el entra y sale de funcionarios que pasan del gobierno y los partidos políticos a empresas dedicadas a tareas de cabildeo, a nivel parcial o a tiempo completo.
Y esa realidad se hace evidente en momentos en que en Puerto Rico el cabildeo se realiza prácticamente sin supervisión y sin transparencia.
El Congreso exige a los cabilderos registrar sus tareas con el Senado y la Cámara baja, detallando ligeramente los temas que tratan, las personas de la empresa dedicadas a presionar y la cantidad de dinero que devengan.
Las empresas tienen que someter informes independientes al Congreso por cada cliente, si en un trimestre le ha cobrado por lo menos $3,000 y dedican por lo menos el 20% de su tiempo a gestiones de cabildeo.
En el Capitolio de Puerto Rico, las normas son aún más laxas. Allí lo único que hay son órdenes administrativas que obligan a registrarse a “toda persona, natural o jurídica, que se dedique total o parcialmente a la representación de intereses de terceros en los procesos legislativos en que medie compensación económica”.
Los cabilderos tienen que identificarle al Senado sus clientes, incluso cuando se da el primer encuentro con un funcionario legislativo, pero esa información no trasciende al público.
Tampoco hay consecuencias para los que incumplen la orden.
El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Johnny Méndez, presentó legislación en enero de 2013 que persigue básicamente equiparar los requisitos de Puerto Rico con los que existen en el Congreso federal.
La medida sugirió crear el “registro de cabilderos del gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de exigir que se presenten informes trimestrales en el que las personas que hacen esa tarea a cambio de remuneración económica informen las empresas para las cuales trabajan y el dinero que se les pagó.
La legislación propuso excluir de las normas de cabildeo a los empleados de las uniones. PIDEN REGLAMENTACIÓN. Los que se dedican a tiempo completo a labores de cabildeo quieren más reglamentación. “No hay razón para estigmatizar la profesión escondiendo a quien uno representa”, dijo Esteban López Rosado, socio de LGA Strategies.
Una posición similar expresa Francisco Domenech, cuya firma Politank incluye al exsecretario de Estado Kenneth McClintock, registrado en el Congreso, de forma independiente, como cabildero de un grupo proestadidad que él mismo incorporó, con oficina en Orlando (Florida).
“No tenemos ninguna objeción” a que haya más transparencia, indicó Domenech, un estadista que, como McClintock, es delegado ante el Partido Demócrata de Estados Unidos. Politank se precia de ser una empresa bipartidista, pues incluye a los populares Guillermo San Antonio Acha y
Omar Martínez.
Politank, LGA Strategies y Optim Group son tres de las 32 empresas o personas registradas como cabilderos en el Senado de Puerto Rico.
REGISTRO INCOMPLETO. Extrañamente, en la Cámara baja solo aparecían hasta el viernes unas 25 y hay nombres que estaban en una cámara y no en la otra. Politank, LGA y Optim están registradas en ambas.
En el caso del exgobernador Acevedo Vilá, su socia y portavoz Juanita
Colombani, indicó que todos los clientes de Optim Group LLC “son privados”, entre ellos Total, T Mobile y la Asociación de Hospitales.
La empresa de Acevedo Vilá está registrada en el Congreso a nombre de la Asociación de Hospitales, por lo cual obtuvo $15,000 en el primer trimestre de 2014.
“(Optim) es un grupo pequeño con una cartera reducida de clientes, enfocado en asesoramiento estratégico y en algunas ocasiones gestiones de cabildeo”, sostuvo Colombani. En 2001, el entonces senador Rober
to Prats, del PPD, presentó una legislación parecida a la del representante Méndez.
Prats es presidente de los demócratas de Puerto Rico y de la Junta de Directores de Medicare y Mucho Más (MMM Healthcare). Ocasionalmente, reconoce, hace “actos que pueden considerarse cabildeo, que incluyen asesorar sobre asuntos legislativos y de gobierno”. “Hace falta una normativa”, dijo Prats, registrado como RPP Consulting. Para el exrepresentante del PNP Án
gel Cintrón -quien asegura no hace cabildeo-, la transparencia le dará legitimidad a un ejercicio que, por lo menos en teoría, quiere acercar el gobierno a otros sectores de la sociedad.