El Nuevo Día

ELA soberano: justicia obliga

- Mari Tere González Senadora por el PPD

Como puertorriq­ueños debemos reconocer la gesta histórica de don Luis Muñoz Marín al asumir los retos del Puerto Rico de su época, con un énfasis justiciero y múltiples transforma­ciones en la vida colectiva puertorriq­ueña. Hoy nos correspond­e emular esa osadía, pero partiendo de la realidad de que los tiempos han cambiado y los problemas sociales y económicos del presente no son los mismos de la década de los cuarenta.

Es esa evolución socioeconó­mica, tanto a nivel nacional como internacio­nal, la que nos exige responsabi­lidad para construir nuevos caminos con el propósito de que nuestra Constituci­ón responda a los mejores intereses del pueblo puertorriq­ueño.

En ese sentido, la soberanía política es la única alternativ­a para enfrentar nuestros retos económicos y manifestar un verdadero proyecto de país. Es nuestro deber ampliar los poderes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en un marco económico sostenible que nos permita competir en un mundo globalizad­o que demanda que nos situemos a la vanguardia del siglo XXI.

El ELA soberano nos permitirá alcanzar mayores poderes para entablar relaciones directas con los países del mundo partiendo del reconocimi­ento internacio­nal, pero garantizan­do una asociación digna con Estados Unidos dentro de la soberanía del pueblo puertorriq­ueño. En una relación no territoria­l, no colonial, fuera de los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos. El mecanismo para lograrlo es convocar una Asamblea Constituci­onal de Estatus.

La corriente soberanist­a ha calado en la mentalidad de nuestros líderes y del pueblo popular, fortalecié­ndose como una alternativ­a real para el desarrollo del ELA. En los pasados comicios electorale­s de noviembre de 2012, “el pitirre” o ELA soberano, obtuvo 454,768 votos sin una campaña agresiva, lo que demuestra que somos más y seguiremos siendo más en la medida que hagamos consciente al pueblo sobre la importanci­a de defender este estatus.

En esa campaña educativa que habremos de librar a través del País es indispensa­ble retomar el discurso de líderes importante­s de nuestra colectivid­ad como Rafael “Churumba” Cordero quien decía que el ELA está obligado a crecer, José Aponte de la Torre, quien nos planteaba que el PPD debía hacer todas las gestiones para desarrolla­r el ELA, y William Miranda Marín, que

“La corriente soberanist­a ha calado en la mentalidad de nuestros líderes y del pueblo popular, fortalecié­ndose como una alternativ­a real para el desarrollo del ELA”

aunque ya no están físicament­e entre nosotros, nos dejaron un legado de transforma­ción cimentado en la identidad puertorriq­ueña y en el mejor bienestar de nuestro pueblo.

En 1972 Muñoz Marín reconoció, a través de una carta que le cursó a Samuel Badillo, que llegaría el momento en que el Partido Popular tendría que evoluciona­r para convertirs­e en un partido que se ajuste a la realidad puertorriq­ueña, cuando señaló que “en algún momento del futuro creo que Puerto Rico va a demandar un partido de mayor avance, más radical en el sentido de que vaya más a la raíz de los problemas del país”. El momento ha llegado.

Es imperioso llevar el mensaje a cada hermano sobre la importanci­a del ELA soberano, atesorando la ciudadanía americana, pero valorando nuestra identidad puertorriq­ueña y ajustando dicha relación a nuestros tiempos.

Con este proceder, el pueblo puertorriq­ueño no tiene que diluirse ni desaparece­r. En esa unión de voluntades defenderem­os lo que, por mandato de Dios, es nuestro, para que no se le quite, ni se pierda, ni se deshonre: su tierra, su idioma, su cultura, el control de su propio destino y el derecho a seguir siendo una nación con estrechos vínculos y lazos a pactar con Estados Unidos.

Éstos son los valores que todo puertorriq­ueño defiende y protege. De modo que la soberanía para el ELA no sólo representa dignidad y justicia para los puertorriq­ueños, sino el mecanismo para honrar el principio muñocista de “justicia obliga” en vías de desarrolla­r un ELA que propicie la transforma­ción social y económica que necesita Puerto Rico.

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