Proceso regido por la Constitución y la política
Cual juego de ajedrez, la nominación y confirmación de jueces es un proceso donde intervienen distintos intereses
La Constitución del Estado Libre Asociado establece que el proceso de nominación y confirmación de jueces es uno que está en manos del gobernador y del Senado pero, en la práctica, son diversos los intereses que se combinan para lograr que una persona llegue a presidir un estrado.
En Puerto Rico existen varias leyes que rigen el proceso de nombramiento de jueces, entre ellas la Ley 91 del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces de 1991, y la Ley de la Judicatura de 2003. En ellas se establecen los requisitos que deben cumplir, tanto los aspirantes a convertirse en jueces por primera vez, como los togados que solicitan una renominación, explicó la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén.
Buena reputación moral, conoci- miento y capacidad jurídica, integridad, temperamento judicial, responsabilidad y un mínimo de experiencia en el ejercicio de la abogacía son algunos de los criterios que se establecen en la Ley de la Judicatura como requisitos básicos para ser considerado al cargo.
“En términos generales, son las cualificaciones principales, que podrían sonar como abstractas, así que eso se tiene que ver sobre la marcha. Para eso se hacen entrevistas, (se observa) cómo se desempeña ante la persona que lo está evaluando, cómo contesta preguntas, porque es importante lo que se ve en concreto cuando empiezan a conversar”, señaló Rivera Lassén.
Durante décadas, la Rama Judicial puertorriqueña logró mantener un alto grado de confianza de parte de la ciudadanía, en parte por la inexistencia de acusaciones de corrupción o actos indebidos de parte de sus miembros. No obstante, las autoridades fe- derales arrestaron en mayo pasado al exjuez Manuel Acevedo por cargos de soborno y corrupción.
La semana pasada salieron a relucir señalamientos por presuntas irregularidades contra más de un centenar de jueces, lo cual ha provocado que la Oficina de Administración de Tribunales iniciara investigaciones en su contra. Y el viernes, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, relevó de sus funciones a dos juezas del Tribunal de Caguas luego que fueran señaladas como el presunto objetivo de investigaciones de autoridades federales.
PROCESO BIEN DELINEADO. La sección 8 del Artículo V de la Constitución establece que “los jueces serán nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado”. Para asistir en esta tarea se han creado una serie de organismos que se encargan de evaluar e investigar a los candidatos previo a que sus nombres
lleguen a manos del primer ejecutivo para su consideración y una vez son nominados pasan al Senado, explicó el expresidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo.
“El proceso normal es que un aspirante radica una solicitud y esta pasa a la Oficina (de Nombramientos Judiciales) en Fortaleza, donde tienen una unidad de investigación que evalúa todas las calificaciones de la persona. Si pasa ese cedazo y el gobernador lo recomienda, va al Senado, donde hay otra oficina que se encarga de evaluar el carácter y todas las características que debe tener la persona para ser nominada”, indicó Toledo.
Previo al 2010, el Colegio de Abogados era parte del proceso de evaluación de los aspirantes a jueces a través de su Comisión Evaluadora de Nombramientos Judiciales, pero quedó fuera mediante la legislación que también derogó la colegiación compulsoria de estos profesionales, recordó la presidenta del Colegio.
Como parte de esta evaluación, también se realizan entrevistas a conocidos del aspirante, así como a juristas reconocidos, decanos de las Escuelas de Derecho o profesores que puedan hablar sobre la capacidad de la persona para ocupar el puesto en la judicatura, según se establece en varias legislaciones.
Asimismo, la Oficina Técnica de Nombramientos del Senado se encarga de hacer una investigación de las características personales del nominado, su historial profesional y hasta de sus finanzas, destacó el presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Miguel Pereira.
CLAVES LAS RECOMENDACIONES. Pero, en la práctica, las credenciales profesionales de un abogado podrían no pesar tanto como sus relaciones con personas afines al gobierno de turno, destacó el abogado Eduardo
Villanueva . “Ocurre que algunos de esos candidatos tienen amigos o amigas en el Senado, en la Cámara, en alguna agencia, algún ayudante importante o recaudador valioso del partido en el poder y esa persona hace llamadas a La Fortaleza y le recomienda a ese candidato”, comentó Villanueva.
“Es muy difícil que un candidato radique meramente por sus méritos y su historial académico y profesional. Si no tiene esa ayuda secundaria política, es muy difícil que se mueva esa solicitud. Eso se queda en el fondo de un archivo”, añadió el letrado, quien también presidió el Colegio de Abogados.
La intromisión de la política partidista en la carrera judicial se hace más patente durante cada año de elecciones, cuando las vacantes en los tribunales se llenan con funcionarios que ocuparon puestos claves en la administración de turno o de políticos que no irán a la reelección, resaltó Toledo.
Estos nombramientos constantemente levantan cuestionamientos, particularmente cuando son individuos que cumplen con el requisito mínimo de años como abogados, pero no cuentan con experiencia como litigantes, sostuvo Villanueva.
“En el país todo el mundo tiene alguna cuestión política, lo importante es que entiendan que cuando se sientan en una silla de la judicatura, eso lo tienen que echar a un lado”, señaló, por su parte, Rivera Lassén.
Los recientes señalamientos de irregularidades contra jueces no tan solo han representado un golpe a la clase judicial, sino que podrían minar los derechos constitucionales de los ciudadanos, sostuvo Villanueva. Esto debido a que los jueces podrían sentirse intimidados de fallar en contra del Ministerio Público en algunos casos, particularmente aquellos que atraen la atención pública, a riesgo de ser acusados de estar confabulados con los abogados de defensa, añadió.
“Lo que esto representa, lo que estamos viendo, es una lesión fundamental a la independencia judicial”, aseguró Villanueva.
“Hay ocasiones en que el tiempo que se asigna para la evaluación (de jueces) es insuficiente”
MIGUEL PEREIRA
Senador “Hemos visto casos de personas excelentemente cualificadas que no son renominadas porque los nombró el gobierno anterior”
OSVALDO TOLEDO
Abogado “Durante muchos años, el Colegio hizo un buen trabajo con su comisión en la evaluación de jueces”
ANA IRMA RIVERA LASSÉN
Presidenta del Colegio de Abogados