Pasos firmes en pro de la niñez temprana
La información de que, tan pronto como en pocas semanas, podría estar listo el primer plan integral dirigido a establecer una política pública enfocada en la inversión en la niñez temprana, representa un desafío social de grandes proporciones, en el que t
Las estadísticas aportadas en el marco del conversatorio “Inversión en la niñez temprana: un imperativo social”, auspiciado por El Nuevo Día, revelan un perfil desolador en cuanto a la situación de más de la mitad de los niños menores de cinco años, quienes actualmente viven en ambientes de pobreza, violencia y desigualdad a través de todo Puerto Rico.
A ello se añade que sólo una cuarta parte de los niños de hasta cuatro años reciban servicios educativos. Más impresionante tal vez resulta el hecho de que uno de cada diez no pasa el primer grado, y para cuando llegan al tercer grado, sólo cuatro de cada seis tiene un nivel aceptable de destrezas, tales como la lectura. Las consecuencias de estos fallos en la formación temprana de los niños se evidencian más tarde, cuando acceden a los grados superiores, si es que avanzan dentro del sistema. Es previsible que los altos niveles de deserción escolar que padece el País, empiecen a forjarse precisamente en las etapas que ahora están descuidadas.
Hace unos meses, se celebraba en la Isla el Foro Mundial sobre Cuidado y Educación de la Niñez Temprana, con la presencia de unos 700 científicos, educadores, sociólogos y profesionales de la salud de más de sesenta países, lo que sugería el nivel de importancia que se le estaba dando en Puerto Rico a esa faceta del desarrollo del ser humano.
En el evento, la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló que al menos 200 millones de niños menores de cinco años, nacidos en naciones en desarrollo, no alcanzan su plena madurez intelectual o física debido a la falta de alimento, los conflictos armados o los problemas ambientales, aunque también por culpa de las carencias que se dan en los hogares, y la falta de conocimiento de los padres.
En Puerto Rico, desde 2008, existe una ley que declara política pública la aplicación de un sinnúmero de medidas dirigidas a fomentar la protección y desarrollo de los niños más pequeños. La ley, de hecho, subraya el trabajo con los padres, desde el cuidado prenatal en adelante. Sin embargo, como ha quedado comprobado a través de los años, la pieza se ha convertido en letra muerta y poco se ha estado haciendo.
Para poder afrontar el grave potencial delictivo que padecen tantas comunidades del País, y para poder salvar la vida de tantos jóvenes que fueron desatendidos en las etapas más tempranas de su desarrollo, hay que coordinar esfuerzos y darles prioridad a los más pequeños.
Desde el día en que nacen, el Estado adquiere una responsabilidad con ellos. Parte de esa responsabilidad consiste en involucrar a los padres y proveerles herramientas para sacar adelante a los hijos. El hecho de que muchas madres sean adolescentes y enfrenten solas la crianza, lo convierte todo en un reto mayor.
En Puerto Rico existen los recursos en forma de instituciones solidarias, especialistas en identificar fondos y expertos en educación temprana, que están ávidos por ayudar. Es la función del Gobierno darle cohesión a ese instrumento que integrará todos los componentes de una gran estructura.
Se ha calculado que por cada dólar que se invierte en un niño de hasta tres años de edad, se obtiene un beneficio siete veces mayor. Educándolos en un clima apropiado, se mitigan también los costos futuros en educación especial o programas de rehabilitación.
El grueso del trabajo está por hacerse. Pero existe una gran voluntad y debe aprovecharse el momento.