FALLA CRASA DEL SISTEMA
Nelson Rivera Cruz mató a machetazos a su pareja en 1998. Pero un cuestionable arreglo judicial, más cuantiosas bonificaciones en la cárcel, le permitieron salir en 14 años y asesinar a otra mujer esta semana
Las factores principales que le posibilitaron a Nelson Rivera Cruz asesinar a su esposa en 1998, cumplir apenas 14 años de prisión y darle muerte a su nueva pareja esta semana parecen ser la decisión de la Fiscalía de negociar con la defensa a pesar de que tenían un caso sólido y las amplias bonificaciones por buena conducta que reducían la condena.
“No he escuchado a nadie criticar a legisladores por las bonificaciones que bajaron la pena de 30 años a 14 en ese caso... sabemos que no todo el mundo se rehabilita”, sostuvo el fiscal general de Puerto Rico José Capó en una entrevista con este diario ayer.
Por su parte, la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garced, una exfiscal de distrito, señala el hecho de que en 1998 la fiscalía aceptó negociar el caso y llegar a una alegación preacordada con la defensa de Rivera Cruz a pesar de que todo apunta a que se tenía una prueba clara. El individuo se presentó al cuartel con la camisa ensangrentada y confesó el crimen.
NUEVA OPORTUNIDAD PARA MATAR.
“Él hubiera sido sentenciado a 99 años y no habría podido cometer el segundo crimen, el mal fue negociar”, dijo la Procuradora.
“Fiscalía tiene que ver estos casos con mayor compromiso, los casos de violencia doméstica no pueden seguir negociándose, porque estos tipos salen a la calle a maltratar y matar a otras mujeres”, agregó Vázquez.
DE NUEVO A PRISIÓN. Anoche, la jueza Alfrida Tomei del Tribunal de Caguas encontró causa para el arresto de Rivera Cruz y le impuso una fianza de $2 millones. Se esperaba su reingreso a prisión anoche mismo. El hombre había estado hospitalizado debido a que tomó una sobredosis de medicamentos luego del crimen.
“Maté a mi pareja”, le dijo Rivera Cruz al operador del sistema 9-1-1 antes de ingerir las pastillas, siguiendo su costumbre de notificar a las autoridades luego de cometer una atrocidad.
Por su parte, el fiscal general Capó, sostiene que la política del Departamento de Justicia es que, por norma general, los casos de violencia de gé- nero no se negocien.
“Yo he impartido instrucciones de que se vean con todo el rigor donde se tienen que ver hasta las últimas consecuencias”, dijo. Capó agregó que “eso no excluye que se atienda una petición de alegación preacorada que amerite, pero no es la norma”.
Una de esas excepciones parece haberse dado en el caso de Rosendo Ortiz Feliciano, de 52 años, un sujeto que ha mostrado un patrón criminal similar al caso de Rivera Cruz. Este asesinó a su joven pareja a tubazos en 1995 en Toa Alta, cumplió apenas 6 años de prisión, agredió a otra víctima y cumplió condena hasta 2011. Este año mató a su pareja Anabel Marrero Pérez.
Aún bajo la norma general vigente de no negociar estos casos, Órtiz Feliciano llegó a una alegación preacordada con la Fiscalía en julio pasado para declararse culpable por asesinato en segundo grado y ser condenado a 67 años de cárcel.
“No tengo a mano ese expediente, no sé la circunstancia específica que haya habido, pero son 67 años, no son 20 para cumplir 15”, respondió Capó en torno a ese caso. La regla general es “ver los casos”, reiteró.
El fiscal general insistió en que el problema mayor en estos casos son las bonificaciones que acortan las penas, sobre todo las que existían bajo el Código Penal de 1974 vigente al momento en que tanto Rivera Cruz como Oritz Feliciano cometieron sus primeros asesinatos.
PENA REDUCIDA. Por su parte, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), Mercedes Peguero, confirmó que las bonificaciones por buena conducta que beneficiaron a Rivera Cruz fueron de más del 40%.
Peguero sostuvo que en un caso como el de Rivera Cruz “de una sentencia de 30 años y seis meses se le restan 13 años, dos meses y doce días de bonificación cuando entra a la institución por buena conducta”.
El Código Penal de 2004 redujo casi todas las penas, pero eliminó completamente las bonificaciones.
No obstante, el Código Penal de 2012 aumentó algunas penas, pero ya desde 2009 se restauraron las bonificaciones por estudio y trabajo, las cuales pueden reducir hasta un 25% de las sentencias. Antes de 2004 coexistían ambas bonificaciones y las penas podían reducirse a más de la mitad.
La presidenta de la JLBP explicó que bajo el Código penal vigente un confinado tiene que cumplir el 75% de su
condena para poder solicitar libertad bajo palabra. Pero en 1998 cuando Rivera Cruz cometió el primer asesinato se cualificaba mucho antes al cumplir una fracción de su sentencia.
Por esa razón, Rivera Cruz solicitó ese privilegio en 2006, cuando apenas había cumplido 8 años. Peguero explicó que La Junta denegó las peticiones de libertad de Rivera Cruz en 2006 y en los cinco años siguientes y no fue sino hasta 2012, “cuando le faltaba solo un año para extinguir su condena” que se le concedió.
Peguero dijo que Rivera Cruz no cumplió su año de libertad bajo palabra en la libre comunidad, sino en “un programa de rehabilitación sin derecho a pase”. Sostuvo que ese paso se dio tras una recomendación positiva de la Administración de Corrección que incluía “evaluaciones de psicólogos”.
“El 14 de marzo de 2013, Corrección nos notifica que terminó de cumplir y queda libre”, agregó Peguero.
AVALADO POR PSICÓLOGOS. Por su parte, el portavoz de Corrección, Cé
sar Fiallo, confirmó que Rivera Cruz aprobó el programa “Aprendiendo a vivir sin violencia” en el 2000.
Según Fiallo, el convicto tuvo evaluaciones psicológicas en 2008 y 2011, las que entiende tienen que haber sido positivas para que se recomendara su libertad bajo palabra.
INICIATIVA REHABILITADORA. En tanto, la senadora Maritere González dijo que espera que finalmente se convierta en ley un proyecto, de su autoría, radicado hace once meses para que los confinados que cumplen por casos de violencia contra mujeres tengan que aprobar un programa de rehabilitación diseñado específicamente para corregir esa conducta criminal. “Si no aprueban ese curso no calificarían para libertad bajo palabra”, dijo.
“Este es un asunto que no se atiende ahora mismo en nuestro sistema penal", recalcó González