Obispo de Arecibo cumple con orden del juez Pagán
La Diócesis entregó ayer los expedientes de las investigaciones realizadas contra curas señalados por agresión sexual
La Diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica entregó ayer al juez del Tribunal de San Juan, Ángel Pagán, los expedientes de las investigaciones eclesiásticas que realizó contra sacerdotes señalados por cometer abusos sexuales contra menores de edad.
Con estos documentos, el juez podrá determinar si las víctimas eran o no mayores de edad al momento de presentar las querellas contra los religiosos y decidirá qué documentos envía a la Fiscalía para el posible procesamiento criminal, explicó el abogado de la Diócesis de Arecibo, Frank Torres Viada.
“El Tribunal tiene que examinar los expedientes antes de tomar cualquier determinación. Adelantamos, según hemos dicho desde el primer día, que todos los expedientes tratan de personas mayores de 18 años, exceptuando un solo perjudicado”, indicó el abogado.
El lunes, el juez Pagán ordenó la entrega de los expedientes en un plazo de cinco días. La Diócesis de Arecibo libra una batalla legal contra el Departamento de Justicia desde inicios de este año para evitar entregar a Fiscalía la evidencia en contra de presuntos curas pederastas, amparándose en la separación de Iglesia y Estado, y en el derecho a la privacidad de las víctimas. El 14 de julio, el Tribunal Supremo ordenó que se devolviera el caso al Tribunal de Primera Instancia para que evaluara la evidencia y determinar cuáles de las presuntas víctimas eran menores al momento de la denuncia.
Torres Viada argumentó que la diócesis no está obligada a referir los casos a las autoridades policíacas ni judiciales cuando se trata de adultos. La única querella que se recibió de una víctima menor de edad fue referida a las autoridades hace varios años, destacó Torres Viada. Este referido dio pie al caso judicial que se sigue contra el exsacerdote Edwin Mercado.
El obispo de Arecibo, Daniel Fernández, se expresó satisfecho con la determinación de entregar los expedientes para que sean evaluados solo por el juez Pagán.
“Al poder compartir información en estricta confidencialidad con el juez, tal como lo habíamos solicitado, podemos garantizar y respetar la confidencialidad de las víctimas adultas y el derecho de los fieles a ejercer su fe católica con todo lo que ello implica”, expresó el obispo en un comunicado de prensa.