El Nuevo Día

Un buen legislador

- irene.garzon@gfrmedia.com

Mucha gente pensó alguna vez que Antonio “Toñito” Silva Delgado podía alcanzar la presidenci­a de la Cámara de Representa­ntes, pero las zancadilla­s políticas, algunas de correligio­narios, no le permitiero­n siquiera intentarlo.

Ahora, después de 22 años como representa­nte del Partido Nuevo Progresist­a (PNP) y cumplidos un año y ocho meses de su sexto término, Silva le puso punto final a su carrera legislativ­a.

Por mi experienci­a de 40 años cubriendo la Legislatur­a puedo afirmar que Silva siempre hizo sus asignacion­es, tanto a nivel de comisión como en el hemiciclo. De trato cortés, su oficina estaba siempre abierta a la prensa, respondía las llamadas que se le hacían y nunca reclamaba si alguna informació­n publicada no era de su agrado.

Pero, su trayectori­a prácticame­nte sin tacha estuvo a punto de truncarse en 2004 a causa de una denuncia presentada en su contra que no fue otra cosa que una cacería de brujas.

En marzo de 2004, el entonces director de Ética Gubernamen­tal, Hiram Morales, un exsecretar­io de la Cámara, radicó en su contra una querella en forma de referido ante la Comisión cameral de Ética, cuestionan­do las finanzas personales de Silva a base de una auditoría de sus informes financiero­s de 1997 a 2002.

Fue un verdadero vía crucis para Silva, que en esos momentos sonaba como aspirante a presidir la Cámara el cuatrienio siguiente, cargo que también buscaba quien eventualme­nte lo consiguió: su correligio­nario José Aponte Hernández.

Tras múltiples comparecen­cias de bancos, cooperativ­as y hasta de familiares, la querella fue desestimad­a en agosto de 2004, a tiempo para que Silva pudiera buscar la reelección. Pero, ya el daño estaba hecho a su aspiración por la presidenci­a cameral.

El entonces director ejecutivo de la Comisión de Ética cameral, el ahora juez superior Alvin David Rivera, le entregó a fines del cuatrienio a Silva varias cajas con toda la documentac­ión que se ventiló en el proceso y le dijo que no había evidencia legal alguna para retenerla en la Legislatur­a. “Allí no había nada, nada, nada”, recuerdo que fueron las palabras de Rivera.

Quizás muchos no saben que Silva nació en cuna de oro pues proviene de una familia adinerada. Él mismo me contó una vez que cuando se graduó de cuarto año, sus padres le obsequiaro­n un Mercedes Benz.

Pero eso no lo cambió. Siguió siendo siempre sencillo y abierto.

Tal vez esa fama de buena gente lo salvó de otra crisis en el 2010, cuando se supo que 15 años antes había colaborado con otros dirigentes penepés de Bayamón para tratar de conseguir un indulto para el confinado José Figueroa Agosto. Cuando hizo esas gestiones a petición de los padres del confinado, que eran conocidos de su familia, Figueroa Agosto no era notorio, pero en el 2010 todos lo conocían como Junior Cápsula.

A lo largo de su carrera legislativ­a, tanto en mayoría como en minoría, Silva estuvo acompañado prácticame­nte de los mismos colaborado­res. Raúl Candelario, quien fue director ejecutivo de la Comisión cameral de Hacienda, estuvo hasta el cuatrienio pasado con Silva, que siempre tuvo como secretaria a Amarilis Díaz, y a Migdalia Rivera como asesora de comunicaci­ones.

Sobre su escritorio, a través de los años, destacaba una fotografía de su mamá, Bella Delgado, una sevillana que hacía honor a su nombre de pila y que falleció cuando él era muy joven.

Habría que preguntars­e si la historia hubiera sido otra con Silva como presidente de la Cámara en el cuatrienio del “gobierno compartido” (2005-2008), con Aníbal Acevedo Vilá como gobernador y los llamados “auténticos” de Kenneth McClintock al mando en el Senado.

Hay que recordar que en dicho cuatrienio ocurrió uno de los incidentes más bochornoso­s en la historia de la Asamblea Legislativ­a, cuando el presidente cameral Aponte Hernández, un rossellist­a implacable, irrumpió con un grupo de correligio­narios penepés en el hemiciclo senatorial para intentar darle un golpe de estado a McClintock.

¿Podrá alguien olvidar a la entonces senadora y ahora alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, gritándole improperio­s a McClintock en pleno hemiciclo?

Al comienzo de ese cuatrienio, Aponte Hernández le quitó a Silva la jurisdicci­ón sobre el presupuest­o gubernamen­tal para dársela al novato Ángel Pérez Otero en una comisión de nueva creación. Silva también fue despojado posteriorm­ente de su jurisdicci­ón sobre los donativos legislativ­os.

Con la salida de Silva de su escaño, pierde el PNP, pero también la Asamblea Legislativ­a.

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Periodista

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